Enrique Escobedo 

La quema de libros es un acto de barbarie y represión. Se le vincula con el fanatismo político incapaz de comprender a la otredad y es símbolo de intolerancia, represión, y autoritarismo debido a su conducta repleta de crueldad y violencia, así como de carencia de valores éticos y morales. La iglesia católica quemaba los libros que consideraba que contenían herejías. También Hitler recurrió a ese método con el propósito de imponer sus ideas. A partir de ahí, ya en la segunda mitad del siglo XX, muchos dictadores se dieron cuenta que quemar libros no era bien visto por la comunidad internacional, así que personajes como Francisco Franco y muchos dictadores latinoamericanos y de Europa oriental censuraban libros al prohibir su venta en sus respectivos países.  

Esos dictadores hubiesen sonreído al quemar muchas obras de la literatura universal y de grandes pensadores que no leyeron, pero que consideraban porque alguien les dijo, léase su asesoría repleta de aduladores, les decían que eran obras peligrosas porque invitaban a la gente a pensar. 

Hoy en día sería muy difícil ver, con excepción del Talibán, la quema de obras. Pero es claro que el espíritu de incendiar libros vive en ciertas personas. Dicha proclividad en contra del pensamiento crítico también se manifiesta en algunos gobernantes al atacar a instituciones de educación superior que no se pliegan a su proyecto ideológico. En otras palabras, quemar libros, censurar su venta, condenar sin pruebas a investigadores o atacar universidades es un acto de barbarie y represión. 

La Universidad Nacional Autónoma de México seguramente tiene problemas burocráticos y no me sorprendería que en algunas oficinas administrativas se den algunos casos de corrupción o robo hormiga, pero no es lo común. Es cierto que esos problemas deben corregirse, así como superar trámites insufribles. Pero el ataque presidencial no se dirigió a ese fenómeno, sino a la UNAM en toda su magnitud. La considera una institución al servicio del neoliberalismo y por lo tanto ya debe tener preparados a su lideres estudiantiles a fin de que se manifiesten en contra del rector Enrique Graue, de su actual Ley Orgánica e intente poner a un rector que sirva a sus intereses ideológicos, con lo cual se acabe la libertad de cátedra, de investigación y que todos los planes y programas de estudio se orienten a favor de su proyecto. Con lo cual toda crítica debe ser reprimida.  

Es mucho lo que está en juego y también es mucho lo que México puede perder si desde el gobierno se acota la autonomía universitaria. No solo la de la UNAM, sino de todas las instituciones públicas de educación superior.  

Mucha gente seguidora del actual gobierno es de la idea que está bien disminuir el presupuesto a la educación superior, pues sostienen que primero los pobres. Como si se tratase de una dicotomía. O los pobres o las universidades. Dicha bifurcación es a todas luces falsa. Se pueden destinar recursos a ambos programas, pues la pobreza será superada con conocimiento y productividad. En otras palabras, la marginación será superada si se le asigna presupuesto a la educación superior.   

Tengo esperanza de que el presidente recapacite acerca de su ataque a la casa de estudios y entienda que de continuar por ese sendero actuará como algo semejante a la quema de libros.