Enrique Escobedo
Es claro que el lema de campaña a gobernador de Tabasco del entonces priista, Enrique González Pedrero, “primero los pobres” era algo mucho más profundo que un mensaje electoral. Se trataba de un compromiso emanado de la Revolución Mexicana que concibió a la justicia social como una aspiración realista y una forma de calidad de vida; por eso la constitución de 1917 contiene los derechos sociales y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía como principio “Democracia y Justicia Social”. Es más, cuando nació ese partido como Partido Nacional Revolucionario (PNR) su identidad era “Instituciones y Reforma Social”.
La justicia social es un concepto ideológico que propone la racionalidad ética que desde el Estado se asuman políticas referentes a la dignidad humana, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, el desarrollo sustentable y sostenible, la equidad de oportunidades, las libertades democráticas, la participación social, el reconocimiento a los movimientos sociales como manifestaciones políticas que deben ser atendidas, el equilibrio reflexivo de las decisiones económicas, la no discriminación, las igualdades jurídicas, una administración pública eficiente, eficaz y honrada, la justicia expedita en el marco del Estado de Derecho y el pleno respeto a la división de poderes.
Es un concepto amplio y ambiguo. Es, de alguna manera, la utopía y por lo mismo es un elemento de referencia de los actuales Estados democráticos. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamara en 2007 que el 20 de febrero sea el Día Mundial de la Justicia Social como principio de la convivencia pacífica y próspera que constituya el núcleo de la promoción y la dignidad humana. Lo cual refrenda la importancia del concepto al proponer que las sociedades eviten extremos de opulencia y de miseria.
La importancia de prevenir y combatir la pobreza es, por lo tanto, un ideal que el PRI ciñó y conceptualizó en su escuela de cuadros. Consecuentemente, no nos debe sorprender que el joven Andrés Manuel López Obrador, abrazara esos principios. Tampoco nos debe llamar la atención que cuando ese Partido refundó sus estatutos durante la gestión de Miguel de la Madrid y dejó de lado sus ideales del nacionalismo revolucionario se escindiera con la salida de militantes que fundaron a la postre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y abanderaran los ideales de la justicia social.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha demostrado su fidelidad a esos anhelos priistas anteriores a la década de los años ochenta del siglo pasado. Consecuentemente, retomó la idea del gobernador González Pedrero y se la apropió. Lo cual sería plausible si la concibiera como una política articulada desde la Administración pública y no como una serie fragmentada de ocurrencias. Veamos, el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política Social (Coneval) publicó que el año que terminó se detectaron 55.7 millones de pobres, de los cuales 3.8 son nuevos en los últimos tres años. También nos dice que 10.8 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y 15 millones no tienen acceso a la salud. Cifras escalofriantes e indignantes. Sobre todo, porque se alejan de la idea de la justicia social.
Primero los pobres, debió significar un programa de gobierno orientado a resultados, pero el presidente cree que se trata de un lema de campaña y no de una política pública articulada, deseable y posible. Es una lástima que desde el Palacio Nacional se vea a la pobreza como un lema de campaña a fin de obtener votos y nada más.
