Enrique Escobedo

Sólo los presidentes y nadie más que ellos son quienes tienen el reloj del pulso político de un país. Por supuesto que sus colaboradores saben acerca del mismo, pero no tienen toda la información. Algunos analistas son finos lectores del clima político, aunque tampoco tienen el diagnóstico completo. Medir el pulso de una nación y tomar las decisiones son una exclusividad del titular del Poder Ejecutivo.

En México, desde Porfirio Díaz el presidente tiene ese monopolio y de ahí que sólo él es responsable de las consecuencias. Sobre todo, en materia de la sucesión presidencial. Así tenemos que el viejo general leyó erróneamente el pulso, se le pasó el tiempo y estalló la revolución. Lo mismo aconteció con Venustiano Carranza que al intentar acotar al general Álvaro Obregón provocó el Plan de Agua Prieta. Desde entonces, sobre todo con los planes sexenales, los presidentes esperan al cuarto año de gobierno con el fin de preparar a su sucesor, pues saben que es el año más delicado en política. 

Se esperan al cuarto año porque el quinto informe de gobierno, quieran o no, es el banderazo de salida por la sucesión. Durante la hegemonía priista los secretarios de Estado estaban más o menos quietos durante la primera mitad del sexenio, aunque por debajo del agua hacían alianzas con otros titulares de dependencias, entidades paraestatales, gobernadores, legisladores y fuerzas vivas. Era algo delicado, pues desasear el proceso les podía costar el puesto.    

Los presidentes, conocedores de lo que hicieron, cuidaban y, en su caso, ponían timos a sus colaboradores y, en algunos casos, se divertían. De ahí que ocupar La Silla requiere experiencia, sensibilidad y manejo socarrón. En lo que va del siglo ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña fueron capaces de preparar y controlar la sucesión en sus respectivos equipos de trabajo. Así tenemos que ni Santiago Creel, ni Ernesto Cordero, ni José Antonio Meade fueron los sucesores.

Los cambios que el presidente López Obrador acaba de realizar en las secretarías de Bienestar y del Medio Ambiente, así como su anuncio de que algunos de sus colaboradores aspiran a cargos de elección popular el próximo año son, sin duda, preparativos para el cuarto año de su mandato. Léase, es un acomodo de piezas estratégicas si acaso desea que su sucesor o sucesora salga de la Administración pública federal centralizada, pues no queda claro si la actual gestión se conducirá de esa manera.

Cabe hacer notar que ni los directores de las empresas públicas, ni los legisladores, ni los gobernadores afines al partido en el gobierno han llegado a ser candidatos por, al menos, tres motivos y sin importar el partido político: a) debido a eso que conocemos como la disciplina política; b) sus presupuestos son vigilados para que no aspiren a la grande y, c) no tienen la cercanía presidencial suficiente. De ahí que lo que prepara el titular del poder Ejecutivo se lo reserva para el cuarto informe y exclusivamente para su Gabinete. Entonces, en ese año podremos observar con la escasa luz que se nos permita, cómo los actores políticos tienen más o menos juego, exhibición ante los medios de sus habilidades políticas, económicas y administrativas y otros talentos antes desconocidos por la sociedad.  

Todo lo anterior es por supuesto pura especulación mía de lo que, tal vez, ocurra en el año 2022 cuando se den esos escenarios. Claro, siempre que en los eufemismos del señor presidente no argumente que la revocación de mandato es sinónimo de continuidad allende los seis años de gobierno.