Enrique Escobedo

Cuando una persona decide y actúa y afecta el entorno social es común que podamos con deducir con certeza si fue en el contexto de la buena o la mala fe. Situación que en el mundo de la política también es observable debido a que ésta se conduce bajo la lógica del poder. De ahí que también podemos saber cuándo un político actúa de buena o de mala fe. No obstante, los esfuerzos que los políticos hagan en el arte del engaño y el disimulo.

Los actos de buena y de mala fe en el mundo del Derecho están tipificados en el derecho. Vemos. La acción de mala fe cuando va acompañada del dolo significa que se recurrió a conductas y formas ilícitas de proceder en contra del orden establecido y del derecho. Por el contrario, actuar de buena fe es un acto de inocencia cuya presunción es acerca del buen comportamiento adecuado al proceso jurídico. Aunque es importante reconocer que es un concepto subjetivo e indeterminado. De hecho, en México ambas figuras están contenidas en el Código Civil Federal.

En el mundo de la política cuando un primer mandatario actúa de buena fe la sociedad es sensible y nos damos cuenta. Aún más lo reconocemos y tendemos a respetar a esa persona. También nos damos cuenta cuando un presidente o un servidor público deciden en favor de su partido, de un grupo o a su conveniencia a fin de aferrarse al poder o al dinero. Por supuesto que también lo identificamos y es entones cuando las críticas se vuelcan sobre ese político y su partido.

Lo acontecido recientemente con los legisladores del Partido Morena y la Revocación de Mandato al haber aprobado una ley violatoria a la Constitución en términos de la veda electoral y así promover sin debate que el presidente López Obrador continúe en el cargo es un claro ejemplo de actuación de mala fe. En otras palabras, lo que se vivió en México fue el desplante prepotente del aparato del Estado a fin de aceitar su maquinaria electoral en la contienda electoral del año 2024. Es decir, fue un acto con doble intención. Por un lado, se nos dijo que la Revocación fue una decisión de buena fe a fin de incentivar la participación social en la democracia. Por el otro se trató de esconder la mano, a fin de aventar la piedra con mala fe e iniciar la campaña electoral en favor de Morena en el 2024.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) ya lo sabemos está en concierto y alineada a los mandatos del Palacio Nacional e ignora el espíritu de las leyes al que aludió Montesquieu. Por eso no tiene “pruebas” que la obliguen a actuar conforme a sus ordenamientos. Lo cual desde ese punto de vista es correcto y por lo mismo omitirá las acciones de mala fe.

El problema de fondo es que de mala fe se legalizó mediante una ley a modo en favor del partido en el poder y en contra del pacto social de equidad e igualdad democráticas. Con lo cual queda claro que el espíritu de la no reelección también puede ser vulnerado bajo el eufemismo de prolongación de mandato. Situación que no es descartable después de observar los actos de mala fe del actual gobierno en la insistencia del senador Félix Salgado Macedonio, por poner un ejemplo. La mala fe y el dolo los pudimos observar en muchas de las acciones del gobierno de panistas y priistas. Ahora vienen acompañadas de jiribilla en esta administración. De ahí que es común escuchar a muchos mexicanos que votaron en 2018 por Morena y que hoy se sienten desencantados. Léase, muchos votaron de buena fe y hoy observan la mala fe y la traición. Esa parece ser la línea de acción de muchos políticos. Afortunadamente no de todos. Es cierto que la actual administración ha actuado de buena fe con algunos programas sociales, por ejemplo, el de apoyo a los adultos mayores. Pero no siempre es el caso. Actuar de buena o de mala fe es una decisión unidimensional del gobierno. El juicio le corresponde a la ciudadanía y a la historia. A nadie más.