Bernardo López
A pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favoreció la constitucionalidad de la consulta popular que buscaba enjuiciar a expresidentes de México, la institución logró salvar su imagen, pues la pregunta que rediseñaron los ministros cumple con el objetivo de investigar las acciones de años anteriores, pero que incluye a todos los actores políticos: expresidentes, exgobernadores, exjefes de gobierno de la Ciudad de México, expresidentes municipales y exregidores, además que pueden estar sujetos a este escrutinio todos los del año pasado hasta los inicios de la República.
La pregunta del Ganso era: ‘¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?’; pero la Suprema Corte la descafeinó y quedó así: ‘¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?’
Con esta jugada la institución judicial dio gusto al presidente, pero también evadió el señalamiento de subordinación al Poder Ejecutivo, puesto que no podía y no debía prestarse a un juego político por caprichos del presidente Obrador.
La SCJN evitó que se realizará un acto arbitrario en contra de los expresidentes y preservó los derechos humanos, pues hasta este momento no existen denuncias, ni pruebas de la comisión de un delito que ameriten un juicio en contra de los exmandatarios, y no es que se les defienda, pero si el presidente López tiene todas las pruebas que señalen directamente a estos exfuncionarios pues que vaya a la Fiscalía General de la República, es más no necesita acudir, con que le realice una llamada a Alejandro Gertz Manero le puede indicar dónde están los documentos o elementos probatorios del delito para iniciar la investigación y, entonces sí, aplicarles la ley.
Es probable que no nos haya gustado la decisión de la Corte, sin embargo, está institución también tiene que hacer malabares para hacer su trabajo y esquivar las presiones que llegan de todos los actores políticos y alcanzar una solución que se acerque más a los dictados de la Constitución Política. No todo está perdido, la SCJN aún tiene capacidad de ser un contrapeso a los vaivenes del Ejecutivo y el Legislativo.
