José Ignacio Martínez Cortés

Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, UNAM

Profesor del Centro de Relaciones Internacionales, UNAM

México ha entrado a una nueva gobernanza laboral (por convicción o, por obligación) por lo que a partir de 2020 habrá un nuevo ecosistema que tanto patrones como empleados deberán cumplir emanado de obligaciones jurídicas de orden nacional, regional e internacional.

En el nuevo marco jurídico nacional resalta: 1. Desaparición de las juntas de conciliación que son sustituidas por los tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación. 2. Creación del Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, además de 32 Locales. 3. Democracia sindical. 4. Combate sindicatos blancos. 5. Apertura sindical. 6. Se cambia el término trabajadores domésticos por trabajadores del hogar. 7. Igualdad de género. 8. Se prohíbe la subcotización. Falta por regular la subcontratación laboral, conocido como “outsourcing” (artículo 15 de la LFT), así como la seguridad laboral a los trabajadores agrícolas.

En la nueva normatividad regional resalta el capítulo 23 del T-MEC pone énfasis en prohibir las importaciones producidas con trabajo forzoso y trabajo forzoso infantil.  Uno de los puntos más controversiales es el que emana del Anexo 23-A, el cual compromete a México a asegurar la implementación efectiva del derecho a la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva, Para ello, México debió realizar una reforma constitucional para incluir las disposiciones más importantes del capítulo laboral.

De igual forma, con el Protocolo Modificatorio del TMEC, cobran mayor relevancia los artículos 23.3, 23.4 23.5 (Libertad Sindical y Paneles Laborales), así como los artículos 31.1.1, 31-A.4 y 31-A.10 del Anexo 31 (Mecanismo Laboral de Respuesta Laboral en Instalaciones Especificas), que están vinculados con la Sección 714 y Títulos VII y VIII de la Iniciativa de Ley (la HR5430) donde se precisa que se “construirá en Estados Unidos el sistema de revisión del cumplimiento de las recién reformadas leyes laborales mexicanas”. Además de que México se obliga a cumplir partidas presupuestales entre 2020 y 2023 para consolidar su nuevo sistema laboral.

En el ámbito internacional, México realizó en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el depósito formal del instrumento de ratificación del Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949, casi 70 años después de que fue adoptado por ese organismo y que en adelante tendrá vigor en el país. Con la ratificación del Convenio 98, México alcanza la ratificación universal de los ocho convenios fundamentales de la OIT, que establecen los principios y derechos básicos en el trabajo. Con ello, México se obliga a cumplir la libertad sindical y el pleno respeto a los derechos de los trabajadores y empleadores mexicanos. Este derecho humano básico está íntimamente ligado a la libertad de expresión, y es la base de la representación democrática y la gobernabilidad.

Ante esta nueva gobernanza, México tiene la gran oportunidad de invertir y generar un valor agregado tecnológico laboral para aprovechar las ventajas que se presentarán durante el primer lustro de la siguiente década: el 5G, el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada, cuyo soporte será la Revolución 4.0.

Esta gobernanza laboral es fortalecida por el aumento del 20 por ciento al salario mínimo, que pasará, a partir del próximo 1 de enero, de 102.68 a 123.22 pesos diarios, y provocará una mejora en el ingreso laboral y un incremento en el gasto monetario, lo que impactaría en la economía, donde habría más gasto y con esta medida el consumo privado aumentará, pero si la empresa no incrementa su producción tendrá pérdidas, debido a que absorberá esa alza salarial sin productividad.

Por ello debe impulsarse la productividad que está determinada por factores endógenos impulsada por la inversión pública: a. infraestructura física (puertos, tendido férreo, carreteras, aeropuertos y telecomunicaciones); b. infraestructura social (educación, salud, vivienda, pensión, cultura y recreación) y, c. infraestructura tecnológica (ciencia, investigación, desarrollo e innovación), y no necesariamente por factores exógenos (inversión, empresas exportadoras, competitividad internacional). Amén de un pleno cumplimiento al Estado de derecho para brindar seguridad física, fiscal y jurídica. Ello dará paso a d. inversión empresarial en torno a la inversión fija bruta para fortalecer la capacidad física instalada de la empresa.

La nueva gobernanza laboral nos debe conducir necesariamente a un desarrollo sostenible con bienestar social, equidad e inclusión en torno a la coherencia de las políticas públicas.

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