Enrique Escobedo 

Uno de los temas más debatidos en lo que va del siglo es cómo evaluar los resultados del Poder Legislativo. Al respecto se han reunido expertos, académicos, legisladores y conocedores del tema y no llegan a un acuerdo. Seguramente por la dificultad que eso implica. No obstante, yo aquí pondré un grano más de discordia. 

Lo primero que debe definirse es ¿Qué vamos a evaluar? ¿La productividad concebida como el número de leyes aprobadas?,¿La calidad de los debates en las comisiones y en el pleno?, ¿La relación costo-beneficio de cada una de las leyes? Además de esas y otras preguntas el siguiente problema es la metodología de aplicación de los criterios a evaluar cualitativa y cuantitativamente. 

La actual Legislatura acaba de publicar un documento intitulado Balance de los Trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del Tercer Año Legislativo. Los datos son: 700 proposiciones de puntos de acuerdo; 135 dictámenes de ley o decreto aprobados; 87 dictámenes de puntos de acuerdos y, 43 acuerdos de los órganos de gobierno. Lo cual no tengo idea si es mucho, poco o es el promedio estándar histórico. 

Tal vez una forma de evaluar al Poder Legislativo sea por el número de leyes o decretos emitidos, pero eso no nos habla de los debates, ni de la calidad de los mismos, ni si dichas leyes o decretos fueron por motivos coyunturales, urgentes, necesarios, estratégicos y prioritarios. Si acaso debemos distinguir con esa taxonomía el tipo de leyes aprobadas. Además, hay leyes que deben actualizarse cada año como las de ingresos y egresos.  

Existe otra propuesta que considera que lo significativo es evaluar los contrapesos que generaron las leyes a fin de mantener el equilibrio de poderes, lo cual debe estar lejos de que la oposición se concentre en una actitud contestataria, sino en el enriquecimiento de la norma jurídica y cuyo espíritu sea en favor del interés público y no de la concentración de poder del Ejecutivo o a fin de favorecer a un partido político. 

Tenemos leyes que son fundamentales en materia económica y de desarrollo social; la pregunta es como evaluar su costo beneficio o su impacto social. Difícilmente alguien lo podría demostrar, pues al paso de los años algunas leyes tienen más vigencia que otras. Por ejemplo, la Ley de Expropiación de 1936 del general Lázaro Cárdenas que aún es vigente, fue muy importante hasta José López Portillo inclusive, pero hoy se le utiliza poco.  

He escuchado que una forma de evaluación sea por el número de profesionistas con estudios de grado y de posgrado que integran el Congreso. Pero eso no significa necesariamente mejores leyes. Tampoco veo que un indicador pudiese ser el número de líderes populares (taxistas, sindicalistas o de mercados), pues en efecto, aunque son personas conocedoras de muchas de las privaciones sociales, no necesariamente aprobarían leyes de justicia social. Aún más, no me convence el argumento de un equilibrio de estratos socioeconómicos sería un indicador de evaluación.  

Tampoco veo que una forma de evaluación o medición sea la de comparar legislaturas, pues no es lo mismo la legislatura del primer trienio de un sexenio que la del segundo debido a que las coyunturas cambian y el titular del poder Ejecutivo se adecuan a la realidad. Además, deben analizarse cada una de las leyes debido al análisis situacional. Hay quien propone que se evalúe una misma legislatura (diputados) contra ella misma en sus tres años de ejercicio. Pero difícilmente me hablaría de la relación costo-beneficio, la productividad, la calidad y el impacto social.  

Un día escuché que se podría evaluar una legislatura por el número de veces que los representantes alcanzaron el consenso en la aprobación de las leyes, pero eso habla más de las habilidades y destrezas de los líderes de los partidos políticos. 

Hasta el momento no he esgrimido un argumento metodológicamente confiable a fin de evaluar el trabajo de una legislatura, lo cual es un avance me dirían los maestros de metodología. Pero no más.  

Sinceramente creo, salvo lo que digan los expertos, es muy difícil evaluar y medir objetivamente el trabajo de un Congreso, Parlamento o Asamblea. En todo caso me conformo con la idea de que los diputados y senadores de oposición tengan a bien fungir como contrapeso y, aunque los atropelle la maquinaria del mayoriteo, ellos hagan valer los principios de sus respectivos partidos y esgriman con inteligencia sus puntos de vista constructivos en favor del interés general y con visión de futuro. Sobre todo, porque un Congreso que arrolla y evita el debate se convierte en un instrumento dócil y sumiso del presidencialismo. En ese caso, la evaluación del desempeño de un poder legislativo es reprobatorio.