Enrique Escobedo
El poderío militar de una nación se refiere al nivel de sus fuerzas y tecnología. Sus armas que se organizan básicamente en infantería, caballería motorizada, artillería, fuerza área y armada. También son medibles sus servicios (zapadores, administración e intendencia, entre otros). De hecho, el poderío militar, de acuerdo con Global Firepower o “potencia de fuego global” mide alrededor de 55 indicadores con el propósito de evaluar las fuerzas armadas de un Estado. Entre los que destacan presupuesto, efectivos, recursos de tanques, aviones, submarinos, población de cada país.
El poderío militar de México no es tan relevante como el de otras naciones del mundo y es sabido que algunos países sudamericanos nos superan con amplia ventaja. Más aún, nuestro ejército, fuerza área y marina provienen de una historia particular, ya que son fuerzas armadas populares.
El tema cobra relevancia en estos momentos debido a que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina le obedecen y el licenciado López Obrador les ordena que cumplan funciones ajenas a su razón de ser, misión y visión. La institucionalidad de ambas dependencias es una garantía y una certidumbre. Por eso están tipificadas junto con el INE y la UNAM como instituciones de alta confianza del pueblo de México.
El debate es por lo mismo acerca de la militarización del país. Consecuentemente vale la pena hacer notar que, al menos, existe una definición de militarización. Aunque todas las que he leído tienden a ser de alguna manera inexactas y no aplican necesariamente a la realidad nacional.
Militarizar es cuando un gobierno civil o militar somete a la población a actividades castrenses mediante la disciplina, leyes y el espíritu de usos y costumbres militares. Implica que elementos de las fuerzas armadas ocupen cargos administrativos mediante la violación a las leyes y en específico al Derecho Administrativo con el propósito de ensanchar la presencia de personal militar en diversos ámbitos de la Administración pública. Básicamente en materia de seguridad interior.
De ahí que México en efecto se está militarizando, pues aunque no impera el Derecho Militar, ni tenemos “toque de queda”, ni un ejército de ocupación permanente en las plazas que recupera del crimen organizado, ni tenemos gobernadores militares, ni se ocupan de labores educativas, laborales y sanitarias, con excepción del Plan DN III. Sí se han ampliado sus espacios laborales labores en materia administrativa de aeropuertos, de construcción de ingeniería civil, de supervisores en las aduanas y de seguridad pública. Pero ha sido, que quede claro, por órdenes del presidente de la República. Peor aún, ahora quiere realizar una consulta popular a fin de tratar de legitimar sus decisiones por encima de la legalidad, ya que la Constitución Política en su artículo 35 prohíbe realizar consultas populares en materia de seguridad nacional y acerca de la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
La conclusión, hasta el momento, es que el crimen organizado ya desbordó al presidente, lo tiene arrinconado y ahora él quiere desplegar una fuerza de poderío militar encubierta en la Guardia Nacional, pero sin cambiar de estrategia de “abrazos no balazos”. Así no llegará a ningún lado y el poderío militar que debe ser utilizado para nuestra defensa nacional lo quiere desviar a fin de atender la seguridad pública.
