Bernardo López 

El acta de nacimiento cumple ya con el derecho a la identidad que tiene todo individuo en México. Entonces por qué la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quiere integrar los datos personales en un código QR. 

Esperemos que la funcionaria no quieran concentrar en ese registro los datos biométricos de las personas, como se ha intentado con el perverso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Panaut), al que se pretendía que las instituciones de seguridad pública tuvieran acceso sin una orden judicial, violando las garantías individuales, el derecho a la presunción de inocencia y a la protección de los datos personales. 

El Gobierno no tiene derecho a concentrar en una sola base de datos toda la información de los individuos: desde su expediente clínico, financiero, dinero, localización, ubicación y datos biométricos, por que no debe acosar a las personas; imposible que piensen que con ese código QR pueden dar acceso a las policías, pues violan los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Usar un código QR implica que, además, podrán penetrar los datos de tu celular: acceso a cámaras, micrófonos, fotos, audios, videos, conversaciones, perdiendo completamente la privacidad, y no porque lo hayas consentido, sino que al dar permisos no sabes que se programó. También podrías perder el control de tu dispositivo sin saberlo. 

Cómo se pueden atrever a pensar en un registro así, si las instituciones no pueden resguardar y preservar los datos de las personas, y lo podemos demostrar con el reciente caso de otra posible venta del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) de al menos 91 millones de mexicanos, hecho reciente, del cual se presume es una base de datos de 2018. Delitos en donde persiste la impunidad, pues los casos anteriores siguen sin culpables. 

Es claro hacia donde quieren llevar a la sociedad: a un control de las disidencias, asfixiando el acceso a recursos monetarios, alimentarios, de servicios y de entretenimiento, sino me cree, observe lo que sucede en Francia, donde se ha instaurado una dictadura para obligar a las personas a inocularse la peligrosa sustancia desarrollada con la tecnología de ARN mensajero. En internet circulan una gran cantidad de videos donde se puede apreciar cómo a las personas sanas, que no necesitan inyectarse, son objeto de humillaciones, perdida de las garantías individuales y de los derechos humanos. 

Por lo tanto, ni una sola institución en México debe concentrar toda la información de los individuos y tampoco se debe permitir que se vulnere la dignidad de las personas que piensan diferente. Además, debemos avanzar en una nueva generación de leyes que protejan los datos bio-genéticos de cada individuo, para que no sean presa de la codicia de empresas, que pretendan lucrar con la salud.