Tres años después de que iniciase la pandemia de COVID-19, América Latina sigue sufriendo las consecuencias “devastadoras“: una gran recesión económica, Gobiernos que no garantizan los derechos básicos y la intensificación de tácticas represivas para acallar las protestas, informó Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre derechos humanos.
Las autoridades no garantizaban (en 2022) el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta”, se lee en el documento, que analizó la situación de 2022 en las regiones y en los países del mundo.
“Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas que aseguren la asignación del máximo posible de recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas mínimas en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, consideró la organización.
Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones, juicios injustos y homicidios ilegítimos, agregó Amnistía Internacional.
Además, la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas.
