Amnistía Internacional (AI) ha acusado a las principales farmacéuticas que fabrican vacunas contra COVID-19 de priorizar sus intereses con decisiones que “limitan la producción global” y “obstruyen un acceso justo” a esos preparados durante la pandemia.

En su informe “Doble dosis de desigualdad: las farmacéuticas y la crisis de las vacunas de COVID-19”, difundido este miércoles, la organización critica asimismo a los países ricos, como el Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea, por “comprar el suministro y acumular dosis” en lugar de destinarlas a lugares con menos recursos.

Según AI, todas las empresas analizadas –AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer– fracasan “en mayor o menor grado” en su responsabilidad legal de velar por los derechos humanos, al no promover iniciativas que permitan que las vacunas estén ampliamente disponibles y sean accesibles a un precio económico.

Las firmas rusas y chinas que producen vacunas no han podido ser incluidas en la investigación por “falta de transparencia” en torno a sus operaciones y datos, avisa AI.