Rafael H. Rivera Puebla

La elaboración e implementación de Programas Internos de Protección Civil en inmuebles destinados a la vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, son obligatorios, de conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sin embargo, la aplicación de esta normatividad se antoja cercano a lo imposible.

Esta Ley, aprobada en 2019, no es la primera que contempla esta obligatoriedad y a ciencia cierta, se podría deducir, a la luz de los hechos recientes, la necesidad de su cumplimiento y para ello se involucran algunas otras instancias para darle forma y personalidad jurídica.

Esta otra instancia es la Procuraduría Social, misma que interviene en el arbitraje de la Ley de Condóminos y de esta manera, vigila la conformación de los órganos administradores de los conjuntos habitaciones, quienes, en sí, son los sujetos obligados para la presentación de los PIPC por las vías que la misma ley y su reglamento indican.

La importancia de este PIPC, no solo se trata del cumplimiento de un requisito más o que represente un impuesto por su presentación, ya que es un trámite gratuito para la autoridad, es finalmente un mecanismo que busca la mayor seguridad posible para quienes cohabitan en unidades habitacionales o condominios.

Es importante que no solo condominios de lujo cuenten con su PIPC, si no también unidades habitacionales desarrolladas desde mediados del siglo XX hasta la fecha por instancias gubernamentales para sus trabajadores y para ello, definir claramente a los administradores y lo más importante, contar la participación solidaria de quienes ahí habitan ya que a final de cuentas, se trata de salvaguardar su patrimonio y sus propias vidas.