Enrique Escobedo
Hay, al menos dos lecturas a la expresión “hecha la ley, hecha la trampa”. La primera se refiere a que siempre habrá abogados leguleyos que buscarán la forma de encontrar los huecos y recovecos a la ley con el fin de darle la vuelta a una disposición jurídica y desde ese punto de vista interpretarla a su favor. La segunda acepción se refiere al actuar, sobre todo del poder ejecutivo, que propone leyes que favorezcan los intereses de su partido o los propios.
“Hecha la ley, hecha la trampa” es una de las formas mediante las cuales los gobiernos de todo el mundo, incluyendo los democráticos, redactan leyes en cuyo espíritu orientan a su favor y a la defensa de los intereses que los beneficien, en muchas ocasiones, en contra de la sociedad a la que dicen servir. En otras palabras, aplica la metáfora de que si ponemos a unos leones a redactar leyes veremos que devorar antílopes no será delito.
Ahora tenemos que el presidente López Obrador insiste en que se aprueben sus propuestas constitucionales del cinco de febrero y así poner las trampas necesarias que le permitan a su movimiento seguir gobernando al amparo del presidencialismo omnímodo y, sospechosamente, al patrocinio de un próximo Maximato.
Vivimos momentos decisivos que afectarán los próximos lustros de la vida nacional y bien lo saben Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. De ahí la insistencia del primero en definirle a la segunda su programa de gobierno, su posible gabinete y su orientación gubernamental. Para lo cual el presidente quiere evitar que su posible sucesora quiera enmendar algunos programas o algunos rumbos. Se trata de hacer leyes que además de que aseguren el proyecto transexenal del tabasqueño, también entrampen a su corcholata y se vea obligada a plegarse ortodoxamente a sus designios.
La trampa está diseñada y es, seguramente, una de las razones por las cuales el titular del poder Ejecutivo Federal utiliza los servicios del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien indudablemente es buen abogado constitucionalista, conocedor, por un lado, de los recovecos leguleyos y, por el otro, de saber colocar las trampas suficientes a fin de que sean prácticamente insalvables.
El espíritu de las leyes, a decir del clásico barón de Montesquieu honra la separación de poderes y, a la vez, le otorga el valor al derecho de que se imbuya de las causas culturales de la organización social mediante el robustecimiento de los principios éticos del pacto social. Se trata de que las leyes no sean simplemente interpretadas de manera lineal y plana. El espíritu consiste en saber distinguir las virtudes jurídico-políticas de las leyes y nos conduzcan a las sociedades hacia la consagración de la justicia. El espíritu de las leyes es la presencia del honor, la dignidad y la igualdad jurídica entre los seres humanos, así como la creación de oportunidades equitativas en favor de la población. En otras palabras, la ley no debe tender trampas.
De lo que se trata, como lo dije renglones arriba, es de evitar que exclusivamente sean los leones quienes redacten las leyes y lo hagan unidimensionalmente a su favor. Consecuentemente, un poder legislativo plural es una de las grandes ventajas de la democracia, ya que ese régimen de gobierno con parlamento multipartidista es el que permite que se debaten los contenidos y el espíritu de las leyes. Léase, legislaciones que no entrampen, sino desplieguen las libertades y los derechos humanos y, por supuesto, nuestras obligaciones como ciudadanos.
El dilema del que tanto se habla de escoger el próximo dos de junio entre la democracia o la autocracia es real y depende de nosotros votar en favor de leyes redactadas, analizadas y debatidas al calor de lo mejor para México y no de un proyecto de partido político hegemónico y monocromático.
