Enrique Escobedo
El pasado 4 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que “los periodistas tienen toda la libertad de criticar al gobierno, pero no pueden decir mentiras, pues van en contra del derecho a la información”. De ahí de expresó que se creará la figura del “Ombudsman de derecho a las audiencias” quien definirá si se violó el derecho a la información.
El tema se debate desde hace décadas. Recuerdo que cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a principios de la década de los años noventa se debatió si debería instituirse por separado la figura del Ombudsman de los medios de comunicación, pues en ese rubro se hacen realidad diferentes aristas tales como los límites de la ética pública, el lenguaje y léxico de los locutores y escritores, el concepto de los límites de expresión, la divulgación de noticias no confirmadas, la propaganda acerca de las percepciones subjetivas sociales, así como de opinión pública son, entre otros rubros, un tema poroso, elástico e incluso moral. De ahí que los gobiernos optaron por no crear dicha figura y se manifestaron por trabajar el tema según el contexto y las circunstancias, pues vieron más ventajas políticas si se dejaba el asunto en la indefinición jurídico-administrativa y se atendían los casos bajo la consigna popular que argumenta “según el sapo es la pedrada”.
La indefinición, guste o no, tiene más ventajas que desventajas, ya que las redes sociales, las tecnologías de la información y las comunicaciones y la opinión pública tienen alta capacidad de dispersión, de despliegue de estrategias y de evasiones en la red profunda que es prácticamente imposible acotar y mucho menos censurar el canto de las voces populares.
Empero, ahora la presidenta ya advierte que creará la figura del Ombudsman de derecho de las audiencias. Léase, nos propone institucionalizar una figura que de entrada genera muchas preguntas, por ejemplo: ¿quién y cómo lo designará?, ¿será un personaje a modo de Morena, como lo es la sumisa señora Rosario Piedra?, ¿será una institución bajo el principio de órgano constitucional autónomo o un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la secretaría de Gobernación? Esas y otras preguntas me intrigan, pues ella dice que, ante todo, lo que debe imperar es la verdad. Pero resulta que en las ciencias sociales la verdad es la suma de las verdades. Me queda claro en el mundo de la física cuántica las tres leyes de Newton son verdaderas y ya. Sin embargo, en los análisis sociales y políticos estructurales y coyunturales lo cotidiano es el permanente y vertiginoso ejercicio de la triada hegeliana de “tesis, antítesis y síntesis” lo cual significa que para cuando ese ombudsman emita algún tipo de sentencia o recomendación la verdad habrá evolucionado. Más aún, el gobierno de ella es cada día más proclive a la opacidad al catalogar el ejercicio de los recursos públicos como un asunto de seguridad nacional y se aleja de la transparencia y la rendición de cuentas.
Es cierto que las noticias falsas y la llamada posverdad son preocupantes, los gobiernos están atentos a fin de desmentir las noticias falsas o fake news, pero no es mediante la persecución política, la censura y la estricta vigilancia gubernamental como se logrará que imperen las verdades.
