• Roban, queman, secuestran personas e instituciones y nadie impone la ley

Miguel A. Rocha Valencia

Bajo el argumento de no represión, gobierno federal y estatales de la 4T renunciaron al monopolio de la fuerza que les otorga la constitución y leyes reglamentarias para imponer orden, dar seguridad a los ciudadanos y sus bienes.

Se volvieron permisivos en la comisión de delitos que incluso alcanzan el nivel de terrorismo al incendiar y destruir propiedad pública y privada.

Se puede afirmar conforme a la ley vigente, que los gobiernos, al menos el federal y de la Ciudad de México, se volvieron cómplices de delincuentes que atentan contra la paz pública y que hoy, bajo el mismo argumento de no represión, desafían, escupen y ofenden a policías, militares que ni siquiera atinan a poner orden, porque la consigna es mantenerse al margen, no actuar incluso ante la flagrancia de delitos.

Y lo malo es que el ejemplo cunde, ya que mientras desde Palacio Nacional la máxima autoridad les dice fuchi, guácala y a lo más que llega es a amenazarlos con acusarlos con sus papás o abuelos, surgen nuevas expresiones que agreden a la sociedad y llegan al secuestro de bienes y personas para exigir rescate por ellos, precisamente a quien debería aplicar la ley.

La omisión de la responsabilidad propicia la impunidad con que los grupos que abanderan causas “justicieras”, se envalentonen, tomen medida a las autoridades, a los gobiernos y practique una serie de delitos que en otras circunstancias tendrían que ser castigados por estar tipificados en los códigos penales federal y local.

Robo agravado en pandilla, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, extorsión, cobro de piso, destrucción de propiedad privada y pública, ofensas a la autoridad, agresiones a militares, en vez de castigarse, se premian incluso con escaños y curules en el Congreso.

Tal vez a ese nivel tan bajo hayan caído nuestras autoridades porque ellas mismas dieron cobijo y protección de delincuentes (Nestora, Napo, Romero, Bartlett…) y por eso, no se atreven a castigar a los de enfrente.

Omisas y cómplices, esas autoridades desde Palacio Nacional y del Ayuntamiento, favorecen la impunidad de todo el que se atreve a delinquir. Por eso su combate a la corrupción se volvió vil revancha o demagogia que dieron marco a una transición pactada y sin castigo.

El problema es que cuando se quiera dar marcha atrás y poner orden, esos grupos no se van a dejar, van a enfrentar a la autoridad que hoy les dio espacio y no dudamos que cualquier día surja un nuevo Ayotzinapa con otros jóvenes que como aquellos, hicieron lo que quisieron quemar gasolineras, secuestrar camiones y personas hasta que se metieron con las personas equivocadas y “alguien” se les puso enfrente. Resultado: desaparecieron. Accent 1; \ls

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here