• Cuatroteros en franca violación de la Ley someten y desafían instituciones para sus fines

Miguel A. Rocha Valencia

Llegaron al punto de cinismo, al uso descarado de las instituciones para sus fines, no importa violar la ley, presumir que son corruptos y que nada les importa si se salen con la suya. El Estado de Derecho que usaron para lograr el poder, lo destruyen y se imponen con abusos, venganzas y transgresiones que justifica el pontífice de Palacio Nacional.

Integran la nueva mafia que logró someter a los poderes Judicial y Legislativo y utilizando los instrumentos de procuración de justicia, amenaza, persigue y chantajea a todo el que se opone, a algunos los encarcela más por venganza que con fundamentos legales.

Y todo, lo bendice su “alteza serenísima” sin importarle exhibirse como lo que es, un truhan dispuesto a perdonar a sus cómplices aun en los más absurdos conflictos. Se puso ya por encima de la Constitución simplemente porque “Yo Mando” o “Me canso Ganso”.

Por eso desde su pedestal de profeta bendice la ruin acción del fiscal general de la República en su abuso del poder contra quien se le da la gana y al mismo tiempo, pasa por alto que la Suprema Corte queda en evidencia de sometimiento a los caprichos de quienes gobiernan. La procuración de justicia quedó en el olvido. Hoy códigos y leyes deben tirarse a la basura. La Ley que vale es la del machuchón.

No hay defensa posible, el Poder Judicial con Arturo Zaldívar a la cabeza con sus cómplices magistrados se convirtió en comparsa, cómplice de la 4T. Eso quedó claro. Aun así, el mesías tropical lo justificó y con ello, la venganza del fiscal “pies fríos” Gertz Manero.

Lo mismo ocurre con el Legislativo, donde diputados y senadores de Morena con sus rémoras, se hincan y llegan a la adoración ignominiosa del tlatoani olmeca, gritando su respaldo a un sujeto que en voz de ellos mismos nada debería tener pues es la encarnación de la Patria y cuenta, según dicen, con el respaldo de la mayoría del pueblo bueno y sabio.

Ese pueblo al que despojan de refugios para mujeres agredidas, de escuelas de tiempo completo o de medicamentos que no pueden comprar y que les regatean por transferir recursos a la permanente campaña presidencial.

Algunos de esos sujetos que se dicen representantes populares piden licencia desesperados por hacer campaña en favor de su profeta como si temieran que se van a quedar sin el poder en una consulta que sólo ellos pidieron, que hacen a su modo, con sus leyes mismas que violan recurrentemente en un abierto desafío al Instituto Nacional Electoral.

Se gastan el dinero en lo que les da la gana, saben que violan la ley y lo gritan, sabedores de su impunidad. Tienen a su servicio a quienes debían castigar sus excesos, son parte de su mafia en el poder lo mismo con la FGR que con la SCJN.

Más aún, si les hiciera falta algo, tienen como socios a aquéllos que con el uso de las armas se imponen, roban urnas, secuestran activistas y candidatos contrarios. Sujetos dispuestos a golpear y asesinar. Son el brazo armado de la nueva banda criminal en el poder político.

No les importa, se quitaron la máscara, siguen a pie juntillas el manual de los líderes populistas, autoritarios que una vez en el poder destruyen o someten las instituciones y reglas que los llevaron a él y se constituyen en los dueños de la justicia, de la norma escrita o impuesta.

A eso nos habremos de enfrentar en los próximos días, semanas y meses. Penetran por la fuerza los medios de información independientes bajo el argumento de “que se escuchen todas las voces” como si no les fuera suficiente la cadena nacional de todos los días en la mañanera.

Mala señal, porque si doblan a los medios privados, doblan a los periodistas que deben someterse a las reglas de quienes les pagan por su trabajo. Ya están metidos y ese sería uno de los últimos pasos para llegar a imponer un régimen dictatorial. Esperemos estar equivocados.

Porque si no es así, la caída de los órganos electorales está muy cerca y si eso ocurre, adiós, se vendrán tiempos muy negros para la vida democrática de México.

No a la consulta