*Nos dirá López hasta dónde torcerá la ley y si ya dobló a la SCJN
Miguel A. Rocha Valencia
En Baja California se juega la suerte de la democracia, parchada e imperfecta que los mexicanos nos hemos dado. Por un lado, la decisión del Congreso local de alargar el período de Jaime Bonilla Valdez y luego intentar una consulta pública para saber si “el pueblo sabio y bueno” está de acuerdo, son ensayos perversos, aviso de lo que nos puede esperar para el 2024.
El dato adicional es que quien hoy violenta la ley desde la titularidad del Ejecutivo, está desmantelando instituciones o colocando en ellas a incondicionales aunque no cumplan con el perfil para el cargo para que llegado el momento, le den el respaldo.
Simultáneamente los embates contra el Poder Judicial, son permanentes; a sus integrantes se les amenaza y se desprestigia desde Palacio Nacional, tanto que el actual presidente de la Corte, se ve dócil y justifica acciones incluso de inconstitucionalidad. Afirman que en esa estrategia perversa, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, juega un papel primordial ya que conoce las entretelas de la judicatura y sus titulares.
Con esa información, el Ejecutivo tiene contra la pared a magistrados, ministros y jueces de todos los niveles a quienes a cambio de no crucificarlos ante la opinión pública, se les ha exigido “portarse bien” y ser dóciles al Mesías. La mayoría se mostró flexible, empezando por la cabeza.
Un dato más es la pantomima de firma ante notario de un compromiso de no reelección que no vale más allá de lo que costó el papel y el cobro del fedatario, si es que cobró, ya que seguramente también lo amenazaron con dar a conocer presuntas corruptelas.
Y no vale esa firma porque no es ley, es fe de que firmó algo, pero nada le obliga a cumplir lo que ahí dice. Ya alguna vez el caudillo firmó su acta de defunción y como Lázaro de Betania ¡Resucitó! Pero este, al tercer intento por alcanzar la presidencia.
Es decir, ya se sabe que López no se siente obligado a cumplir más que con él mismo y si en Baja California se aprueba o se toma como válida la consulta para autorizarle cinco años a Jaime Bonilla ¿Qué impediría a López seguir gobernando si a mano alzada, como expresión de democracia directa o mediante una de sus gustadas encuestas, el pueblo sabio y bueno le pide que se siga sacrificando por el país?
Esto a pesar de lo que diga la Suprema Corte de Justicia, del INE, de los partidos opositores, del clamor de los no morenistas porque se cumpla la ley.
Habrá que preocuparse pero en serio; el poder Judicial se enfrenta a duras pruebas para mostrar su independencia y defender a la ciudadanía frente a actos autoritarios del Ejecutivo.
Seguramente el primero o dos de septiembre, o cuando se le antoje rendir su informe, López Obrador nos dirá hasta dónde llega su poder y si la Suprema Corte de justicia, ya es una entelequia al servicio del poder unipersonal concentrado en el Ejecutivo.
