• López concilia con crimen, pero EU los persigue. ¿Por qué todo el poder a las fuerzas armadas?  

Miguel A. Rocha Valencia 

Ovidio Guzmán López “El Ratón”, detenido por fuerzas militares fue liberado se dijo primero, que la decisión la tomaron los soldados y después el tlatoani tabasqueño confesó que fue él quien lo ordenó para evitar una matanza por parte de los sicarios del Cártel de Sinaloa, hecho que, además, se enmarcaba en la política de la Cuarta de “abrazos, no balazos”.  

Se supone que el hijo de “El Chapo” sería acusado con su mamá, Griselda López Pérez o su abuela María Consuelo Loera Pérez, para que lo regañaran y en lo sucesivo se portara bien.  

El presidente viajó a Sinaloa para decirle a la familia que todo estaba bien e instruyó a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, para que buscaran la manera de ayudar a la señora para conseguir visa y pueda visitar a su hijo Joaquín Guzmán en Estados Unidos. 

Ya solo faltó instruir a las fuerzas armadas para que, como a Emilio Lozoya Austin, le pusieran un avión para trasladarse, es decir, todas las facilidades para que la doña visitara a su hijo. Recuérdese que esa captura con fines de extradición, no derivó de una orden de autoridad mexicana, sino a petición de Estados Unidos. 

Durante estos dos años también, se vieron escenas de cómo soldados eran desarmados, golpeados, vejados y decenas de ellos, asesinados. La instrucción fue no enfrentar sino convencer y hasta se generaron programas (sin estructura ni reglamento) para repartir dinero para evitar el crecimiento de sicarios del crimen, como si tres mil 500 pesos pesaran más que la nómina del narco. 

Más tarde, el jefe del Ejecutivo, luego de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, ordenó dar a los militares la construcción de la nueva terminal en Santa Lucía, cuyos datos están reservados por cinco años.  

Les dio, además de la planeación y ejecución, la posibilidad de convertirse en contratistas de los bienes y servicios necesarios, de tal suerte que no hay licitaciones transparentes para la realización de los trabajos, estudios y adquisiciones. 

Más adelante, les entregó la construcción de las 12 mil sucursales del Banco del Bienestar a lo cual se sumó la dispersión de los miles de millones a depositar en sus cajeros, así como la contratación o elaboración del sistema operativo. Para esto último y la operación se calcularon cerca de 11 mil millones de pesos. 

También le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional, otras obras que incluyen intervenciones en el Tren Maya y telecomunicaciones, despojando de esa responsabilidad a la Secretaría del ramo. 

Como si faltara algo, contra lo dispuesto por la ley, entregó a Sedena el mando de la Guardia Nacional, cuando ésta debería tener un jefe civil.  

A los marinos “sólo” les entregó los puertos y todo lo que ello significa. Fue la puntilla para que Javier Jiménez Espriú renunciara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Es decir, además de aumentarles salario y darles uno de los mayores presupuestos de la historia, las fuerzas armadas resultaron las consentidas de López Obrador, quien, en campaña, afirmó que las pondría en orden y regresaría a los cuarteles. No sólo no cumplió, sino que les entrega un poder estratégico y económico inmenso. ¿Por qué? 

Todas estas decisiones y más que no conocemos, se dan en un marco “confuso”, ya que para empezar, Genaro García Luna, preso en Nueva York, fue colaborador del hoy Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, fue segundo del general Salvador Cienfuegos; Alfonso Durazo secretario de Seguridad Pública, fue acusado de ligas con el crimen, e incluso se le imputó la “compra” de una casa en Bahía de Quino a gente del “Señor de Los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes. 

El actual titular de Seguridad Ciudadana en la CDMX, Omar García, era comisionado de la Policía Federal en Guerrero cuando la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y se le liga con los Beltrán Leyva, Los Rojos y… 

Tampoco se olvide que al líder senatorial se le liga con bodegas con droga en su natal Zacatecas y que Manuel Bartlett, está bajo la lupa en EU. Ninguno de los dos viaja a la Unión americana. 

La lista es larga, pero no se puede olvidar que el banco donde a López Obrador le hacían contribuciones para su movimiento, fue objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero, con clientes ligados al tráfico de drogas, como dictaminó un subcomité del senado estadunidense. 

Con la caída de García Luna y Cienfuegos, ambos reconocidos y galardonados por las autoridades de Estados Unidos por su contribución al combate al tráfico de drogas, podrían salir muchas cosas a flote que incluso incriminen a muchos de la actual administración y eso, debe quitarle el sueño al profeta tabasqueño, pues lo podrían salpicar y mancharle el plumaje. 

¿Cuántos de los funcionarios de hoy no podrán viajar a Estados Unidos cuando dejen de serlo? 

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