- Ganso persigue a políticos, periodistas y clasemedieros, pero protege a delincuencia asesina
Miguel A. Rocha Valencia
El baño de sangre que vive el país desde que el Ganso de Macuspana asumió el poder alcanza niveles de tragedia nacional, con una matanza que supera en menos de tres años los 86 mil 300 asesinatos, sin que ninguno de los zares del tráfico de drogas, armas y personas caiga en manos de la justicia. La Fiscalía General de la República, sólo persigue políticos y las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional, construyen obras o acosan a migrantes.
En la lógica del mesías de la 4T, la delincuencia hoy, está representada por sus “enemigos” políticos contra los cuales, pese a sus expresiones de “amor y paz” arrecia la persecución lo mismo con la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que la Unidad de Inteligencia, cuyo garrote, está en manos de Santiago Nieto y la horca que representa el SAT.
Por lo pronto y ante la ausencia o complicidad de la autoridad que se esconde en Palacio Nacional, la delincuencia organizada, a la que desde el púlpito le hace reconocimientos el profeta de Macuspana, crece, se apodera de vastas zonas del territorio nacional y gravita incluso en acciones de salud pública como la pandemia de SARS-CoV-2, realizando tareas de reparto de alimentos y confinamiento en los hogares.
Tal vez, la violencia desatada como por ejemplo en Reynosa, es una muestra, pues dispararon los sicarios contra todo aquél que aparecías a su paso, obligando a esconderse a la población por miedo a ser asesinado.
Por eso de acuerdo con la ONU, el crimen debe ser “reconocido” por inhibir la presencia de civiles en la calle, víctimas de terror, otros muchos, al menos 350 mil mexicanos, decidieron abandonar comunidades sojuzgadas por el hampa y huir hacia Estados Unidos, claro, perseguidos por la Guardia Nacional que debía defenderlos y darles seguridad en sus pueblos, lo mismo en Michoacán que Guerrero, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí, México, Guanajuato o Jalisco.
Para muestra, están las matanzas que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han cobrado 86 mil 370 en lo que va de la actual administración; más del doble de lo que registró el sexenio completo del “inútil” de Enrique Peña Nieto y casi el triple del gobierno del “alcohólico” Felipe Calderón.
Pero, además, el crimen organizado, sin ser partido político, participó en las elecciones, impuso candidatos y en varias entidades a gobernadores. Las denuncias, son públicas, lo mismo en redes sociales, que de personajes como Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán y quien debe sufrir el embate de la delincuencia que se apodera de vastas zonas del estado, a ciencia, paciencia y complicidad de las autoridades federales. Reiteró lo dicho por el hijo de Maquío, Manuel Cloutier para la franja del Pacífico.
Y mientras el machuchón de Palacio agradece al crimen por matar pocos mexicanos el día de la elección o libera a capos y ayuda a sus familiares, el reguero de cadáveres se extiende. Tal vez esa actitud se debe a que los políticos perseguidos no usan balas para defenderse y los criminales sí.
Entre las masacres que para el caudillo de Tepetitán son “mitos”, se encuentran:
La del 20 de junio en Reynosa, Tamaulipas, con 19 asesinados; los 19 ajusticiados e incinerados del 22 de enero en Camargo; los 16 de Celaya y Salvatierra, Guanajuato, además de los 27 ajusticiados en un centro de rehabilitación; los 13 policías y ministeriales del 18 de marzo en Coatepec de Harinas, Estado de México; los 11 del 27 de febrero en Guadalajara; los 15 de La Calera Zacatecas; 15 más en Oaxaca; seis en Taxco, Guerrero, donde en 2019, en tres enfrentamientos, cayeron 29 víctimas más, incluyendo la zona Dorada de Acapulco.
Precisamente en 2019, Michoacán cobró relevancia cuando en el Aguaje, Aguililla, fueron asesinados 13 policías, a varios de los cuales se les registró el “tiro de gracia”. En dos emboscadas más, fueron acribilladas 24 personas. Los criminales no sólo usaron armas de alto poder sino también granadas de fragmentación. A la fecha, la zona es tierra de nadie.
En esas inmediaciones como de Guerrero y Estado de México efectivos del ejército y Guardia Nacional, fueron desarmados, vejados y obligados a devolver armas decomisadas, incluyendo rifles calibre 50, de los llamados “Barret”.
Hay muchos ejemplos más que quien se disfraza de presidente y actúa como agitador social se niega a reconocer y prefiere acosar, perseguir y condenar a políticos, periodistas, intelectuales o clasemedieros y hasta urgir consultas populares para llevar al cadalso a expresidentes que cumplir con su responsabilidad de combatir al crimen, dar seguridad a los mexicanos y terminar con el baño de sangre que hay en el país.
Sólo le bastaría cumplir la ley a secas, sin consultas y México tendría otro rostro; sus habitantes atisbaríamos un futuro diferente con esperanza de mejoría.
Pero como van las cosas, cientos de miles de mexicanos pagarán con su vida el gobierno de la kakistocracia. Hasta ahora con pandemia y asesinatos los números oficiales son escalofriantes: 350 mil muertos.
