- La Presidenta afirmó que FGR investigó un año la red de huachicol fiscal y negó uso político del caso.
Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y sostuvo que la orden de aprehensión deriva de una investigación de aproximadamente un año encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de contrabando de combustibles y evasión fiscal, conocida como huachicol fiscal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el caso está sustentado en pruebas presentadas ante un juez y negó que exista una aplicación selectiva de la justicia, en respuesta a las críticas del Partido Acción Nacional (PAN) y del expresidente Felipe Calderón.
“Es falso que haya un asunto político aquí. Es una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias para garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
Sheinbaum recordó que la investigación surgió tras el aseguramiento de tanques ferroviarios en Coahuila que, presuntamente, ingresaron desde Estados Unidos declarando mercancías distintas a combustibles para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
«Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían combustible, sino otro material, con el objetivo de evitar el pago de impuestos. Eso es lo que le han llamado huachicol fiscal; en realidad es contrabando de combustible”, explicó.
La presidenta señaló que las pesquisas se profundizaron después del aseguramiento de un buque tanque en Tampico a principios de 2025 y de diversas investigaciones sobre el ingreso ilegal de hidrocarburos por vías marítimas y ferroviarias. Añadió que incluso hubo denuncias contra integrantes de la Secretaría de Marina presuntamente involucrados en esa red.
Respecto a Ernesto Ruffo, indicó que las investigaciones apuntan a la empresa importadora de combustibles de la que, dijo, el exmandatario es socio mayoritario.
“La empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. De ahí se hacen una serie de investigaciones. Si él demuestra que no estaba involucrado, pues actuarán los jueces y tendrán que hacerlo de manera imparcial.”
La FGR informó que Ruffo Appel fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, como resultado de una investigación relacionada con la empresa Ingemar, señalada por importar ilegalmente hidrocarburos desde Estados Unidos y por el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.
Sheinbaum insistió en que el caso forma parte de una estrategia permanente contra las redes de contrabando de combustibles y no de una acción con motivaciones partidistas.
“No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí. De ninguna manera.”
Añadió que existen más de 25 casos contra presidentes municipales de distintas fuerzas políticas y que las investigaciones alcanzan por igual a funcionarios de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde.
En respuesta a los señalamientos del dirigente nacional del PAN,Jorge Romero,, quien sostuvo que la captura busca desviar la atención de otros temas políticos, en específico sobrelos audios que relacionan a la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila con negociaciones con autoridades de Estados Unidos, la presidenta reiteró que la investigación es previa a la coyuntura actual.
“Son investigaciones que hace la Fiscalía. Fue una acción derivada del hallazgo de los tanques y, a partir de ahí, vino una investigación de un año. Son ocho órdenes de aprehensión y hay otras personas que están bajo investigación.”
Finalmente, Sheinbaum subrayó que será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad penal del exgobernador.
“Lo tendrá que determinar el juez de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía. Así funciona el sistema penal acusatorio. La Fiscalía presenta pruebas y el juez determina si hay elementos suficientes para continuar el proceso o no.”
