• Uno de cada cuatro pesos en la economía mexicana se vincula con la economía informal

“La información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, demuestra que una parte sustancial de la actividad económica y de las fuentes de ingreso de los hogares se encuentra vinculada con la – mal denominada- economía informal.

La informalidad laboral, o, mejor dicho, la economía popular, constituye una realidad económica de dimensiones estructurales que debe ser considerada por las instituciones responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas.

Lo anterior fue señalado por la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente Diana Sánchez Barrios al momento de presentar en tribuna el Proyecto de Decreto, por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, en Materia de Incorporación de la Economía Popular en los Instrumentos de Planeación.

Para apuntalar lo anterior, la representante popular comentó “La Medición de la Economía Informal 2024 del INEGI estimó que la economía informal representó 25.4 % del Producto Interno Bruto nacional en 2024, cifra superior al 24.7 % registrado en 2023.

Es decir, uno de cada cuatro pesos en la economía mexicana estuvo vinculado con actividades comprendidas dentro de la denominada economía informal”.

Esto no significa, dijo “que la informalidad deba ser considerada como equivalente al empleo formal, ni que deban ignorarse las desventajas asociadas a la falta de seguridad social, prestaciones o protección laboral. Por el contrario, precisamente, porque existen estas diferencias, la planeación democrática necesita conocerlas y medirlas.

Por esta razón, la presente iniciativa propone que el Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México incorpore expresamente el factor de trabajo Informal, o popular, como una variable transversal de diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación”.

Asimismo, reconoció que la planeación económica y social es de las principales herramientas con las que cuenta la Administración Pública para implementar las propuestas de un proyecto político, pero, sobre todo, para atender y prever las problemáticas de la población.

Por lo que, señaló que, en materia de planeación económica, el uso de indicadores como la generación de empleos formales, la Población Económicamente Activa u Ocupada y, particularmente, el número de personas incorporadas a esquemas formales de seguridad social, continúan siendo indispensables para conocer las condiciones del mercado laboral.

Aunque Diana Sánchez Barrios consideró que lo anterior ya no resulta suficiente para describir la realidad económica de las familias mexicanas y, particularmente, de quienes habitan la Ciudad de México.

Durante su exposición dejó en claro que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el segundo trimestre de 2026, la Ciudad de México registró aproximadamente 4.9 millones de personas ocupadas y una tasa de informalidad laboral del 45.3 %, “lo que significa que prácticamente una de cada dos personas ocupadas se encontraba fuera de la formalidad laboral”.

Pero que además “la propia metodología de INEGI muestra que la informalidad laboral no se limita a quienes trabajan en establecimientos que carecen de registro. Se trata de personas cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, personas ocupadas en micro negocios no registrados, comercio en vía pública y otras modalidades en las que existe vulnerabilidad laboral, así como falta de acceso a seguridad social.

Por lo que, comentó la representante popular que “esta realidad obliga a ampliar la perspectiva con la que se realiza la planeación. No basta con conocer cuántos empleos formales se generan o cuántas personas integran la Población Económicamente Activa; también es necesario conocer de qué manera las personas obtienen sus ingresos, en qué condiciones desarrollan sus actividades productivas y qué importancia tiene la economía popular para el sostenimiento de los hogares.

Y no debemos olvidar algo fundamental: detrás de cada cifra hay una persona; detrás de cada porcentaje hay una familia; detrás de cada dato hay una historia de esfuerzo, de trabajo y de búsqueda de mejores condiciones de vida”.

Finalizó su intervención al decir que “medir esta realidad no es solamente un ejercicio estadístico: es reconocerla, comprenderla y asumir la responsabilidad de atenderla. Porque, como señala una máxima fundamental de la administración pública, «lo que no se mide no se puede mejorar”