- Gobierno va contra contrabando y factureras; registra 48 mil mdp más en IEPS
Carlos Lara Moreno
Ante una evasión fiscal estimada en 61 mil millones de pesos durante 2025 por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno profundiza las investigaciones contra empresas comercializadoras de hidrocarburos y analiza modificaciones legales para limitar la participación de intermediarios, al considerar que este sector concentra importantes irregularidades.
Desde Palacio Nacional, durante su Mañanera del Pueblo, la mandataria reveló que las acciones de fiscalización, vigilancia aduanera y combate al contrabando han permitido registrar 48 mil millones de pesos adicionales entre enero y septiembre de 2026, respecto de lo reportado el año pasado.
“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, sostuvo.
La jefa del Ejecutivo federal explicó que las investigaciones no se limitan a organizaciones de la delincuencia organizada, pues también abarcan redes de empresas y particulares involucrados en la importación, distribución y venta de combustibles que presuntamente realizan operaciones irregulares para evadir obligaciones fiscales.
Advirtió que estas indagatorias ya derivaron en detenciones de personas involucradas en diferentes etapas de la cadena de suministro, cancelaciones de gasolineras y bajas de registros fiscales.
“Han sido detenidos desde el responsable de la importación hasta el distribuidor”, afirmó.
Buscan desaparecer intermediarios innecesarios
Sheinbaum colocó en el centro de las investigaciones a las empresas comercializadoras, cuya participación en el mercado de combustibles se amplió a partir de la reforma energética de 2013.
Explicó que estas compañías pueden intervenir en operaciones de compraventa sin contar con instalaciones de almacenamiento, unidades de transporte u otros activos físicos, situación que dificulta identificar el origen, destino y volumen real de los hidrocarburos.
“El comercializador no necesariamente tiene transporte, no necesariamente tiene activos físicos, sino que se dedica a comprar y a vender”, señaló.
Frente a este escenario, adelantó que su administración estudia una reforma legal que permita reducir la presencia de dichos intermediarios o restringir sus operaciones para evitar prácticas de evasión y simulación fiscal.
“Incluso es cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores, que en realidad no le vemos mucho sentido a que participe”, expresó.
La presidenta planteó que las operaciones podrían realizarse directamente entre los importadores y las empresas de transporte, con lo que se simplificaría la cadena de comercialización y se fortalecería la vigilancia gubernamental.
“Es en donde más ilegalidad encontramos”, subrayó.
Detectan contrabando y simulación de operaciones
La mandataria detalló que las autoridades federales investigan principalmente dos modalidades delictivas: el contrabando de combustibles y las operaciones de facturación que no corresponden con las cantidades efectivamente importadas o comercializadas.
Uno de los mecanismos consiste en introducir al país volúmenes superiores a los declarados ante las aduanas, mientras que otro implica clasificar indebidamente los hidrocarburos como nafta u otros productos químicos para evitar el pago del IEPS.
A estas prácticas se suman operaciones de empresas que pueden emitir facturas por cantidades de combustible distintas de las realmente vendidas.
Por ello, destacó que el Servicio de Administración Tributaria mantiene una revisión minuciosa de los comprobantes fiscales, los volúmenes comercializados y los ingresos declarados por los participantes del mercado.
“Hay que cruzar el volumen de combustible con lo que se registra en la comercialización, con los pesos, con el volumen de combustible”, explicó.
Vigilan buques, aduanas y gasolineras
Como parte de la estrategia, Sheinbaum dio a conocer la operación de un centro nacional de monitoreo que concentra información de importadores, comercializadores, transportistas, distribuidores y estaciones de servicio.
El mecanismo permite conocer los volúmenes que ingresan al país por vía marítima y terrestre, verificar permisos de importación y confrontar los registros de las autoridades fiscales y aduaneras.
Incluso, señaló, existe coordinación con autoridades de Estados Unidos para comprobar que la cantidad de combustible declarada a la salida de un buque corresponda con la registrada a su llegada a México.
Cuando se identifican inconsistencias, las dependencias federales pueden iniciar inspecciones, procedimientos administrativos y, de ser procedente, denuncias penales.
Sheinbaum destacó que los equipos responsables de esta estrategia sesionan dos veces por semana para revisar los resultados y dar seguimiento a posibles irregularidades.
También anunció que se pretende habilitar una plataforma de consulta pública para identificar a las empresas que participan en cada etapa de la cadena de distribución de combustibles.
“Queremos que también haya una plataforma pública para que se pueda conocer”, afirmó.
Pemex también modernizará vigilancia de ductos
La presidenta agregó que su administración trabaja en la modernización tecnológica de los sistemas de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluidos los ductos, las refinerías y las operaciones de importación.
Explicó que esta estrategia busca complementar las acciones contra el huachicol fiscal y mantener la vigilancia sobre las tomas clandestinas utilizadas para sustraer hidrocarburos.
La mandataria sostuvo que el objetivo es cerrar los espacios a la evasión tributaria y al comercio ilegal de combustibles, mediante herramientas tecnológicas, controles administrativos y posibles modificaciones legislativas.
“Un trabajo muy, muy exhaustivo que han realizado para beneficio del erario público y del pueblo de México”, reconoció al referirse a las instituciones involucradas en las investigaciones.
Con ello, el gobierno federal pretende recuperar ingresos fiscales, fortalecer la trazabilidad del mercado energético y frenar las operaciones irregulares que durante 2025 representaron un impacto multimillonario para las finanzas públicas.