- La Presidenta deja en manos de Zoé Robledo la solución del conflicto laboral
Carlos Lara Moreno
En medio del conflicto laboral que mantiene movilizados a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó precisar los avances de la negociación entre las autoridades y el sindicato, así como establecer una fecha para alcanzar un acuerdo salarial que permita resolver las inconformidades del personal médico, de enfermería y administrativo.
Durante su conferencia matutina, la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal fue cuestionada sobre los resultados de la mesa de trabajo instalada entre la dirección del IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), particularmente sobre la posibilidad de lograr un entendimiento que atienda las demandas laborales.
Sin embargo, Sheinbaum no ofreció información concreta sobre el desarrollo de las conversaciones ni garantizó un incremento salarial adicional, y dejó en manos del director general del organismo, Zoé Robledo Aburto, la evaluación de una propuesta integral.
La presidenta señaló que el planteamiento deberá considerar no solamente mejores percepciones económicas, sino también la regularización de plazas y otras demandas de los trabajadores, aunque condicionado a las posibilidades financieras de la institución.
La mandataria indicó que Robledo deberá analizar las alternativas para mejorar las condiciones laborales, siempre dentro de los márgenes presupuestales disponibles.
En declaraciones previas sobre el mismo conflicto, Sheinbaum había advertido que cualquier nuevo ofrecimiento tendría que ajustarse a la capacidad financiera del organismo, bajo el argumento de que “nadie está obligado a lo imposible”.
Rechazo salarial desata conflicto en el IMSS
La controversia se intensificó después de que trabajadores del Seguro Social rechazaron la propuesta de incremento salarial global de 6.8 por ciento para el periodo 2026-2027, integrada por un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.
El 14 de octubre, miles de empleados participaron en una consulta sindical para determinar si aceptaban el ofrecimiento. La votación registró una tendencia mayoritaria contra la propuesta, lo que obligó a reabrir las negociaciones.
De acuerdo con los reportes difundidos tras el ejercicio, alrededor de 282 mil trabajadores participaron en la consulta, equivalente a cerca del 60 por ciento de los convocados.
Las protestas comenzaron días antes y se extendieron a distintas entidades federativas, con marchas, bloqueos carreteros y concentraciones frente a instalaciones hospitalarias y oficinas administrativas.
Entre las principales exigencias de los inconformes se encuentran un aumento salarial de al menos 10 por ciento, la contratación de personal para cubrir vacantes, la regularización de plazas, mejores condiciones de trabajo y el abastecimiento suficiente de medicamentos y materiales médicos.
Otro de los puntos centrales es la demanda de recuperar el anterior Régimen de Jubilaciones y Pensiones y modificar el sistema de retiro basado en cuentas individuales administradas por las Afores.
Sin fecha para un acuerdo definitivo
Pese a la instalación de la mesa de negociación entre Zoé Robledo y la dirigencia sindical encabezada por Rafael Olivos Hernández, la presidenta no estableció un plazo para presentar una oferta definitiva ni precisó cuánto podría aumentar el salario de los trabajadores.
La falta de definiciones mantiene abierta la negociación en una institución que, de acuerdo con cifras oficiales, opera con una plantilla superior a 500 mil trabajadores y enfrenta presiones relacionadas con la demanda creciente de servicios médicos.
El propio IMSS ha reconocido problemas en el suministro de medicamentos e insumos, tiempos de espera, mantenimiento hospitalario y cobertura de plazas, por lo que puso en marcha una estrategia de escucha activa en 277 hospitales para identificar necesidades y establecer compromisos de atención.
Mientras tanto, el Gobierno federal sostiene que existe disposición para revisar las condiciones laborales, pero sin comprometer recursos adicionales que todavía no han sido cuantificados públicamente.
