Carlos Ramos Padilla
El actual presidente de México, entonces activista, presenta dos
monedas de cambio para convencer y vencer: el respeto irrestricto a la democracia y a la libertad de expresión, ninguna ha cumplido en el ejercicio del poder, por el contrario, ha atentado contra estas garantías.
Los derechos constitucionales y la seguridad personal de ya muchos personajes han sido de aliados por el mandatario.
Acusa, pero no acepta réplicas, sentencia sin ser tribunal y opta por su derecho de admisión a discreción. A todo aquel que le cuestiona en la vía pública lo califica de “provocador”.
No hay el menor ánimo por revisar y corregir sus “otros datos” en contraoferta quien le muestra sus equívocos es un promotor de “politiquerías”. Por tanto, las obligaciones del presidente de la república han sido canceladas y conscientemente desobedece a la Constitución.
El principio de legalidad, es sometido al sarcasmo de que “no me salgan con que la ley es la ley”. Ningún ciudadano, incluida su preferencia del sexual, religión o profesión puede ser “molestada”, enjuiciada o sentenciada sin argumentación jurídica alguna, incluidos los periodistas, todos, actualmente acosados, violentados verbalmente y hostilizados, a los mismos abogados o ministros detectados como “traidores a la patria”.
En la mañanera el presidente ha patrocinado, alentado y nutrido una sección (¿quién es quién?) que ante ya cintra los articulados constitucionales al “molestar en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones”, a ciudadanos libres. Pero más aún, el presidente y sus empleados usan y abusan de todos los recursos del Estado Mexicano para condicionar, atacar o demeritar el prestigio e integridad de a todo aquel que le estorbe. Por más de una década de activista y aspirante a puestos de elección nunca aceptó el veredicto social y anticipaba fraude.
Decía fortalecer a la democracia porque era víctima de una mafia en el poder. Hoy de la manera más impune descalifica y ofrece datos falsos sobre sus contrincantes. Pero además evita cumplir con el artículo 7 que dicta: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.”
Silvano Aureoles, Jorge Ramos, Ricardo Rocha (QEPD), Carlos Loret, Claudio X. González, Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, la ministra Piña, el Rector Graue, padres de niños sin medicamento, las familias sin Seguro Popular, las víctimas del crimen organizado y hasta quienes son señalados y denostados en su apartado de “mentirosos” con la Sra. Vilchis tienen, tenemos el derecho de réplica y defensa verbal anta las infamias y sarcasmos difundidos.
No hay medios de Comunicación, columnistas o reporteros fifís, conservadores o “vendidos” son empresas de información/comunicación con propósitos, política editorial, LIBERTAD, investigación y dominio de su contenido en un marco de pluralidad en eso que decís defender AMLO: la democracia.
El auditorio, el lector, el escucha recién la facultad, la opción, el privilegio de elegir qué tendencia, artículo, investigación o contenido prefiere y hasta defiende. La gama de espacios informativos debería de crecer por el bien de una sociedad que merece estar integrada e informada no manipulada desde una tribuna única e intocable donde se luce el castigo público y se intenta la censura directa.
Ya van varios colegas que enfrentan al mandatario por su inconsistencia como Omar Niño o Ernesto Ledezma. Vergüenza pública quien se presta amparada por el poder a usar su temporal, fugas y ridícula presencia para hablar mal de los demás sin siquiera tener el más mínimo decoro para articular, expresarse o siquiera deber leer en un ambiente tóxico y perturbador.
La democracia no permite atacar si recato y sin ordenamientos judiciales, las intuiciones o percepciones al hacerse públicas merecen, exigen y obligan a la réplica incluso cumpliendo los más elementales, auténticos valores y disciplinas universitarias.
