Carlos Ramos Padilla / @cramospadilla

¿Sabrá AMLO que ocurrió con la secta de los davídica nos en Waco, Texas, el 19 de abril de 1993? Ahí se registró la muerte de 76 miembros de la secta (19 hombres, 34 mujeres y 23 niños) David Koresh era el líder mesiánico.

Después de la tragedia, Janet Reno, que era fiscal general en 1993, asumió con firmeza ante el Congreso la responsabilidad de la masacre. Esto lo traigo al texto porque de acuerdo al presidente lo ocurrido en Ciudad Juárez, en una estación migratoria se trató de un “suicidio colectivo” donde los únicos responsables fueron los carceleros.

Ningún ser humano, en esta ocasión migrantes, deben estar detenidos sin comprobación de delito, a eso se llama secuestro. Estar encerrados en una mazmorra oficial compromete y en serio a las autoridades federales desde Palacio Nacional atravesando a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, de la Función Pública e incluso en la Auditoría Superior de la Federación.

Las contradicciones en el bajo mercado de la politiquería dejan una ancha banda de distancia entre los desparecidos dé Ayotzinapa y los fallecidos de Juárez. Unos por ser de otra administración pública han servido de bandera mercenaria electoral sin resultados aún en más de cuatro años de este sexenio.

Las muertes en la frontera son menester de chascarrillo y risas del presidente y mofa de los senadores de Morena. A unos piden se les devuelvan vivos a los otros por muertos les sirvan para regalar nuevamente impunidad a los involucrados. 

Amigos e incondicionales del presidente llegan sin mérito a cargos públicos y exhiben su enana dimensión incluso al otorgar contrataciones directas y no pasar por licitaciones cumpliendo órdenes “de arriba”.

Y no sólo los que cerraron las jaulas con los migrantes dentro, en las oficinas públicas cometen también delitos por no revisar la Cuenta Pública en relación con los contratos a empresas que no cumplen con los mínimos requisitos y experiencia en el ramo, pero además se sabe que la empresa contratada que además prospera en negocios en las costas por donde ingresa el de Talina desde Asís, el propietario es el cónsul “honorario” sin cartera de diplomático.

El administrador único de la empresa es Elías Valdés Cabrera, un hombre que en 2020 fue nombrado Cónsul Honorario de Nicaragua en México. Así, con estos iniciales elementos, el incendio en la estación migratoria se extiende, figurativamente, a Palacio Nacional donde también, como mercancía propagandística el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, sirvió de cómodo colchón para acusaciones sin fundamento, pero sí con carga de intención de desprestigiar a opositores.

Para analistas en el mundo la tragedia de los migrantes es considerada “crimen de Estado”.  Nada más falta que Morena postule como precandidato a la Presidencia y AMLO lo sello con su absurdo término de “corcholata” a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración. “Crimen de Estado” así debe ser calificado el evento de Iguala ha instruido AMLO al ineficiente e incompetente Alejandro Encinas.

Hoy las circunstancias permiten al tabasqueño creer que los “suicidios colectivos” limpian la torpeza de su gobierno.  En mi colonia durante mi adolescencia se repetía una máxima: “más rápido cae un mentiroso que un cojo”. Y la salida fácil es: llegaremos hasta las últimas consecuencias.

Quizá Garduño sea premiado con la misma impunidad que Florencia Serranía, exdirectora del Metro porque ya ve usted el atentado contra los usuarios los cometen los choferes de los vagones. Así se acomodan los argumentos y se protegen a los delincuentes.