- Representantes de 15 pueblos originarios de México, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Nepal concluyeron en la Ciudad de México un encuentro internacional en el que denunciaron violaciones a sus derechos por la expansión de proyectos mineros, hídricos, eólicos y fotovoltaicos
La Redacción
Luego de tres días de trabajo, representantes de 15 pueblos indígenas provenientes de seis países concluyeron en la Ciudad de México el encuentro internacional «Territorios, Derechos, Pueblos Indígenas: Transición Justa hacia Nuevos Modelos de Responsabilidad Empresarial», del que surgió un pronunciamiento conjunto con siete demandas dirigidas a los Estados, gobiernos y empresas para garantizar la protección de sus territorios frente al avance de proyectos energéticos y extractivos.
Delegados de México, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Nepal coincidieron en que la denominada transición energética no puede convertirse en un nuevo mecanismo de despojo territorial ni de violación de los derechos colectivos de los pueblos originarios, al denunciar que proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos continúan instalándose sin respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Durante el encuentro participaron integrantes de los pueblos Cucapá, Rarámuri, Kikapoo, Otomí Yühü, Zapoteco, Mazateco, Nahua, Maya, Tseltal, Hñähñhu, Ayujk, Cañamomo, Mapuche Millaqueo, Ogrek y Lickan Antay, quienes compartieron experiencias sobre los conflictos que enfrentan en sus comunidades ante la expansión de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico y la transición hacia energías limpias.
En el documento final, los representantes indígenas señalaron que, pese a la diversidad cultural y geográfica de sus pueblos, existe un patrón común de afectaciones caracterizado por la imposición de proyectos, la falta de consultas adecuadas, la criminalización de defensores del territorio, el hostigamiento, el encarcelamiento e incluso el asesinato de personas que protegen sus tierras, recursos naturales y patrimonio biocultural.
Los asistentes recordaron que los pueblos indígenas son titulares de derechos reconocidos en instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la libre determinación, la gobernanza sobre sus territorios, la preservación de sus culturas y formas de vida, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de cualquier proyecto que impacte sus comunidades.
Asimismo, subrayaron el papel fundamental que desempeñan los pueblos originarios en la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas mediante sus conocimientos tradicionales y sistemas propios de gobernanza territorial, elementos que consideran indispensables para enfrentar la crisis climática.
Durante los trabajos también reconocieron que algunas comunidades ya impulsan proyectos productivos y de aprovechamiento sustentable diseñados desde la visión indígena, basados en su cultura, espiritualidad y derechos, e incluso mediante alianzas con particulares que respetan sus formas de organización.
No obstante, manifestaron preocupación porque numerosos proyectos relacionados con la transición energética continúan desarrollándose mediante consultas que calificaron de deficientes o simuladas, con información incompleta, manipulación, división comunitaria y obstáculos para acceder a la justicia.
Las siete demandas
Como resultado del encuentro, los pueblos indígenas emitieron siete exigencias dirigidas a gobiernos y empresas:
- Reconocer plenamente los territorios indígenas como espacios de vida, identidad cultural, espiritual y política, indispensables para la continuidad de los pueblos originarios.
- Garantizar que la transición energética no se base en nuevas formas de extractivismo, despojo territorial ni violaciones a los derechos humanos.
- Poner fin a las consultas simuladas y asegurar procesos transparentes con consentimiento libre, previo e informado.
- Otorgar reconocimiento y protección jurídica efectiva a las tierras y territorios indígenas conforme a los estándares internacionales.
- Proteger a las personas defensoras del territorio mediante investigaciones, sanciones y mecanismos independientes de acceso a la justicia y reparación integral.
- Exigir que las empresas respeten plenamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y suspendan cualquier proyecto que no cuente con consentimiento comunitario.
- Obligar a las empresas a implementar procesos sólidos de debida diligencia con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de género y protección ambiental.
Cooperación entre pueblos del Sur Global
Como parte de los acuerdos alcanzados, las comunidades participantes se comprometieron a fortalecer la cooperación entre pueblos indígenas del Sur Global mediante el intercambio de experiencias, estrategias jurídicas y mecanismos de defensa territorial, además de impulsar el liderazgo de mujeres, jóvenes, autoridades tradicionales y personas defensoras de sus comunidades.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que los procesos de transición energética coloquen en el centro el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios.
En su declaración final advirtieron que «no podrá existir una transición energética justa sin la participación plena y efectiva y el respeto de los derechos humanos y específicos de los pueblos indígenas», al tiempo que reiteraron que sus territorios representan vida, memoria, espiritualidad y futuro, y no deben ser considerados mercancías sujetas a explotación o despojo.
