Las democracias observan más cuidadosamente las manos 

que las mentes de quiénes las gobiernan.  

Alphonse de Lamartine 

Víctor Sánchez Baños 

Durante el siglo XIX, los asaltos en los caminos eran cotidianos y no distinguían a nadie; ni curas, ni presidiarios, ni potentados, ni políticos, ni mujeres, ni ancianos. Todos por igual, como en una democracia.  

Las medidas que se adoptaron y que quedaron plasmadas en la Constitución del 17, fue la pena de muerte para los salteadores de caminos. 

Al abrogarse la pena de muerte en México, simplemente les imponen a los criminales penas mínimas, cuando nuestros policías logran la detención de cualquier forajido.  

Ese delito lo arrastramos del pasado y, ahora, todo tipo de camino es usado por la delincuencia para asaltar a todo tipo de ciudadano. Aquí no distinguen al pobre del rico, ni del enfermo y el sano, ni del policía y el estudiante.  

Democráticamente, la delincuencia ejecuta por igual, ante la pasividad de nuestro gobierno que prefiere hacerse de la vista gorda y, seguramente, de los bolsillos gordos, con la complicidad de las mafias delictivas.  

Los asaltos en los transportes públicos son escandalosos. Y, aquí, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ven como parte del paisaje estos actos criminales. Parecen cómplices de delincuentes que con una pistola humillan y despojan de sus pertenencias a miles de personas diariamente. No es una exageración.  

Claro, no hay denuncias, ya que sólo les quitan el poco dinero que llevan en sus bolsas y, aquí la clave de todo: sus celulares. Es tan cotidiano, que hay personas que ya se saben el protocolo y les dan los celulares y el dinero. Ya no se fijan en los relojes, ni en las cadenitas de oro o plata. ¡Los celulares!  

Esto lo saben en el gobierno (y sus poderes), pero no hacen nada. Saben que esos delincuentes son como la humedad y se meten por todos lados. Son tan cínicos, que en mercados sobre ruedas y los mercados de computación, en la vil calle, venden esos teléfonos celulares a precios muy bajos, pero no dejan de ser negocio sucio para esas mafias de criminales.  

¿Cómo actuar para frenar esos delitos?  

Aquí la responsabilidad del poder legislativo.  

Nuestros diputados y senadores, tanto federales como locales, deben imponer a los fabricantes de teléfonos una serie de medidas tecnológicas para la destrucción del aparato en cuanto sea robado. Asimismo, crear una página en internet para que se cheque el número de serie de un aparato que haya sido robado y el seguimiento de los aparatos en donde se vieron involucrados asesinatos.  

Hay herramientas tecnológicas, que tienen las empresas que proporcionan el servicio de telefonía.  

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