José Cruz Delgado
Quizás piense que exagero, pero es una realidad en el corazón de la Tierra Caliente, Apatzingán, vive días que parecen sacados de una zona de guerra no declarada. Drones que sobrevuelan comunidades rurales, artefactos explosivos improvisados sembrados en caminos de terracería y operativos constantes de fuerzas federales forman parte del paisaje cotidiano. Pero el estruendo no solo proviene de los enfrentamientos: también hay ruido político, acusaciones internas y un mensaje que llega desde otras regiones del estado: Michoacán ha comenzado a detener cuerpos completos de policía bajo sospecha.
De acuerdo con 90 Grados, bajo el gobierno municipal de Fanny Arreola Pichardo, la seguridad pública se ha convertido en el eje de una narrativa que mezcla crisis, controversia y desconfianza social.
En comunidades cercanas a la cabecera municipal se ha vuelto común el uso de drones por grupos criminales para vigilancia o para lanzar explosivos artesanales, una modalidad que se ha extendido en distintos puntos del estado. A ello se suma la localización y activación de minas terrestres improvisadas en brechas rurales, obligando al despliegue del Ejército y la Guardia Nacional para tareas de desactivación ante la amenaza que ya ha cobrado vidas civiles y militares.
La población, atrapada entre retenes oficiales y bloqueos criminales intermitentes, vive con la incertidumbre de no saber qué camino es seguro. Productores agrícolas, transportistas y comerciantes reportan temor constante ante la posibilidad de extorsiones o enfrentamientos.
En paralelo, el desempeño de la policía municipal ha sido objeto de señalamientos públicos que van más allá de la percepción general de debilidad institucional. El nombre de Jesús «Chucho» Rangel Barajas ha sido mencionado como la mano que maneja la seguridad pública desde las sombras.
A ello se suman acusaciones más amplias de corrupción y tolerancia a la delincuencia. Desde años anteriores, la Policía Municipal de Apatzingán ha venido siendo blanco de ataques armados constantes por parte de grupos criminales. En cartulinas, mantas y en testimonios diversos, se ha señalado la infiltración o connivencia de mandos policiales con organizaciones delictivas; entre ellos, el nombre de Rangel ha aparecido reiteradamente en versiones públicas.
En ese contexto, Apatzingán y el gobierno de Fanny Arreola no serían la excepción en caso de que se acreditaran responsabilidades. Para algunos sectores ciudadanos, las detenciones previas en otras regiones representan una señal de que la impunidad no es absoluta. Para otros, son un recordatorio de la profundidad de la crisis estructural que atraviesa la seguridad pública en la entidad.
Mientras drones sobrevuelan comunidades, minas son desactivadas en brechas rurales y mandos policiales son señalados públicamente, la exigencia social apunta hacia mayor transparencia, investigaciones claras y liderazgo firme. Apatzingán no solo enfrenta violencia armada; enfrenta una crisis de confianza. Entre operativos militares, acusaciones de colusión y antecedentes estatales de detenciones masivas de policías, el municipio camina sobre una línea delgada.
La pregunta que hoy recorre la Tierra Caliente no es solo quién controla el territorio, sino si las instituciones locales resistirán el escrutinio que ya ha alcanzado a otras corporaciones en Michoacán. Porque si algo han demostrado los antecedentes recientes en el estado, es que ningún uniforme ni cargo está exento de investigación.
