Miguel Ángel López Farías
Somos poco más de 80 millones de contribuyentes en el país, misma cantidad que la población total de Alemania (80 millones y “piquito”). Decir que 80 millones de los nuestros aportan al erario se antojaría como un logro de este gobierno, falso, somos muchos, pero son más los que no pagan, más del 60 % no le entran, los informales… y claro está, que, si apretamos el concepto de “pago de impuestos” en realidad todos, PERO TODOS, lo hacemos, pues México es una de las naciones que más gravámenes aplica en todo lo que consumimos.
Quien trabaja y debe declarar impuestos, no solo está en el corral de la ordeña, sino que por adquirir cualquier cosa, la que sea, se debe pagar una tasa impositiva, así sean cigarros, gasolina, comida, papel de baño o por enfermarse, el mexicano más rico paga al igual que el más pobre, por un refresco de cola, nadie escapa… pero hay de mexicanos a mexicanos, el número de personas físicas que pagan impuestos llega a los 5.5 millones, solo el 16.18% de la población económicamente activa… y solo el 27.5% de las personas morales pagan regularmente impuestos…
Los contribuyentes cautivos son la casta que ejemplifica otra variante de desigualdad social, pues comprobado está que entre más rico seas, menos impuestos pagas, pero si eres un pequeño o mediano empresario, un profesionista que se contrate por medio de recibos de honorarios estas, estaremos condenados a la declaración y pago de impuestos, una moderna e injusta forma de tener a el gallinero poniendo huevos para que la Hacienda tenga blanquillos para sus desayunos.
¿Todos deberíamos pagar impuestos por lo que generamos en nuestras actividades? ¡Claro! La cuestión es que el sistema de recaudación del ISR es más un aparato de tortura que un facilitador, pero no solo es problema de quien exige el ISR sino de quien crea las reglas y más allá, de la manera en cómo se gasta lo recaudado y es en este punto donde me detengo.
No se puede decir que está bien pagar impuestos cuando se insulta a la inteligencia económica del país, si el dinero de los contribuyentes se aplica a proyectos qué significan tirar a la basura miles de millones de dólares solo porque se les viene en gana.
Pensemos de esta manera: si un grupo de amigos o familiares decidieran juntar sus ahorros para echar a andar un negocio y en la votación eligieran a el líder del proyecto para generar los beneficios soñados, pero este, en un arranque de locura decidiera irse al casino y apostar la lana para ver que sucede o peor, que el dinero lo destinase para engordar de corrupción a él y a los suyos, ninguno de los inversionistas estaría de acuerdo.
Algo así está ocurriendo en estos momentos, pero hemos sido adoctrinados a que esta forma es la correcta, cuando no debería ser así. ¿Quién se ha sacudido por el pago excesivo generado por la cancelación del aeropuerto de Texcoco?
¿Quién se ofende por el sobre costo de dos bocas o la inversión millonaria en un tren que grita que será un fracaso? Y súmele el derroche millonario en las consultas para la vacilada del “juicio a expresidentes” o lo de la revocación de mandato.
Esto es simple: no solo no tenemos uno de los peores sistemas de cobro de impuestos, disparejo y draconiano, sino que ese dinero se utiliza para borracheras monumentales llamadas obras del sexenio. Ni a López de Santa Ana se le hubiese ocurrido.
