- La edil independiente criticó que la Guardia Nacional esté custodiando al ex gobernador de Sinaloa acusado por EU de vínculos con el narco y el gobierno federal haya abandonado a Carlos Manzo, asesinado por enfrente al crimen organizado
Judith Sánchez Reyes
Este miércoles, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que éste solicitara licencia al cargo y recibiera custodia de la Guardia Nacional tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En su publicación, Quiroz García escribió: “Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí, junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo”.
El mensaje, sin mencionar un nombre, alude a su esposo, Carlos Manzo, presidente municipal asesinado en Michoacán el año pasado, tras denunciar públicamente al crimen organizado y solicitar protección a autoridades federales.
Quiroz agregó: “Estoy convencida que mis ojos verán caer uno por uno, porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro. En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es ¿cómo, cuándo y para quién se activan”.
La alcaldesa criticó al Gobierno federal por otorgar seguridad al mandatario sinaloense, acusado por autoridades estadounidenses de tener nexos con células del narcotráfico, mientras que, afirmó, en su momento se negó o retrasó la protección para Carlos Manzo cuando “estaba haciendo frente al crimen organizado en Michoacán” y lo había solicitado formalmente. Manzo fue asesinado en 2025, crimen que sigue bajo investigación.
Hasta ahora, la Presidencia de la República no ha respondido al señalamiento. La custodia a Rocha Moya fue confirmada este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, quien argumentó que se trata de “protocolos de seguridad para funcionarios en funciones”.
Organizaciones civiles han insistido en que los mecanismos de protección a personas defensoras y funcionarios deben aplicarse con criterios claros y sin distinción política. El caso reabre el debate sobre la disparidad en la asignación de seguridad entre actores políticos y ciudadanos que enfrentan amenazas por denunciar al crimen organizado.
