Martín de J. Takagui
Siendo el problema migratorio y asunto global, por el que países como México, con una ubicación geográfica estratégica que conecta con las grandes potencias, siempre han tenido la mirada del mundo encima, el presidente Andrés López Obrador, en su cuarto año de gobierno apenas se da cuenta de la necesidad de atenderlo y eso porque en manos de su administración fallecieron en una “cárcel migratoria” 40 personas y 27 más resultaron con afectaciones respiratorias a punto de la muerte.
Desde el 19 de octubre de 2018, cuando él ya gobernaba de facto, en su calidad de presidente electo, mes y medio antes de que tomara posesión como presidente de la República, vimos el “portazo” que dio la primera Caravana Migrante en la frontera de Chiapas y Guatemala, en donde se estimó que entraron más de diez mil buscadores del sueño americano procedentes, principalmente de centro y Sudamérica, pero al que se sumaron haitianos, sudamericanos, cubanos y hasta africanos.
Lejos de implementar una política de Estado en materia migratoria, al observar que la diáspora tenía como propósito llegar a Estados Unidos, cruzando por el territorio mexicano, se atrevió a declarar que “vengan aquí todos los migrantes, aquí les vamos a dar trabajo” y se comprometió a buscar mecanismos para que no sufran los embates de la migración.
Desde entonces quedó muy claro que ni él ni sus asesores tenían idea de lo que significaba el proceso migratorio que se avecinaba y que se hizo explosivo a partir de la pandemia del Covid-19, que nadie esperaba y que nadie imaginaba sus consecuencias.
Hoy, cuando falta escaso año y medio para que concluya la administración federal, el gobierno lopezobradorista siguió en su inacción, a pesar de que la muerte de los migrantes resonó en todo el mundo, que, incluso el Papa Francisco llamó a los católicos a orar por esos migrantes, que no son otra cosa sino consecuencia de la desatención, inactividad e ineptitud de un gobierno insensible que, al ver el incremento de migrantes, reforzó los llamados “albergues migratorios” con rejas, candados y pasadores como cualquier cárcel municipal, en donde lo último que se hace es respetar los derechos humanos.
Pero lo más grave es que con todo esto, el señor Francisco Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración; el señor Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Asuntos Migratorios y el señor Adán Augusto Hernández, secretario de Gobernación se mantienen en sus cargos y sin hacer nada para proponer, siquiera una estrategia para atender la gravedad de la situación migratoria.
El padre Alejandro Solalinde, activista en materia de defensa a los flujos migratorios que cruzan por México, tuvo que ser quien buscara al presidente López Obrador para proponer una estrategia de atención a la migración con una mirada global, con una visión interinstitucional, en donde se vieran todos los ángulos y las aristas de este fenómeno, que sigue amenazando con crecer.
Desde aquella primera Caravana Migratoria, en la Línea Fifí advertimos que de no cambiar la estrategia y la política de atención a los migrantes, por parte del gobierno, se habría de originar una crisis migratoria.
Y es que de no haber sido por las amenazas del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que si México no paraba a los migrantes, habría sanciones económicas y arancelarias para nuestro país, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se vio obligado a acudir a pedir línea para ver qué se podía hacer. Sigamos por la línea fifí.
