La Redacción
Cinco años después, la noche del 3 de mayo de 2021 sigue pesando como una losa sobre la Ciudad de México. El colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco, no solo dejó 27 muertos y decenas de heridos; dejó también una marca indeleble en la confianza pública. Fue, sin exagerar, una de las tragedias urbanas más dolorosas de los últimos tiempos.
Aquella noche no se vino abajo únicamente una estructura metálica. Se desplomó una cadena de decisiones, omisiones y errores acumulados durante años. Los peritajes, tanto nacionales como internacionales, coincidieron en lo esencial: fallas de origen en la construcción, deficiencias técnicas en la instalación de los elementos estructurales y problemas que nunca debieron pasar los controles de calidad. A eso se sumaron inconsistencias en la supervisión y, más tarde, cuestionamientos sobre el mantenimiento.
La Línea 12, que en su momento fue vendida como obra emblemática de modernidad, terminó convertida en símbolo de lo contrario: improvisación, prisas políticas y falta de rendición de cuentas. Porque el problema no fue solo técnico; fue también institucional. Nadie construye una obra de esa magnitud sin una cadena de responsabilidades perfectamente identificable, y sin embargo, cinco años después, esa cadena sigue diluyéndose entre procesos judiciales interminables y acuerdos que no terminan de satisfacer a las víctimas.
En este tiempo ha habido avances, sí, pero también silencios incómodos. La reapertura de la línea, las reparaciones estructurales y los discursos oficiales no han logrado cerrar la herida. Para los familiares de quienes murieron, la justicia sigue siendo una promesa lejana. Para los usuarios, la desconfianza permanece como un recordatorio diario de lo que ocurrió.
Lo más inquietante es que la tragedia pudo evitarse. No fue un accidente imprevisible, sino la consecuencia de advertencias ignoradas y decisiones que privilegiaron tiempos políticos sobre criterios técnicos. Y ahí es donde la memoria cobra sentido: no como un ejercicio de nostalgia dolorosa, sino como una exigencia de responsabilidad.
A cinco años, la Línea 12 sigue siendo más que una obra de transporte. Es un espejo incómodo de cómo se toman decisiones públicas en este país. Y mientras no haya una rendición de cuentas clara y completa, seguirá siendo también una herida abierta.
