- La consejera jurídica defendió la postura del gobierno federal ante la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa
Judith Sánchez Reyes
En su primer día al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, salió a justificar la actuación del gobierno federal ante la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, entre ellos, el senador morenista, Enrique Inzunza.
Alcalde respaldó la valoración de la Fiscalía General de la República, que consideró “no existen elementos para determinar la urgencia” de una detención provisional.
La consejera explicó que la decisión se sustenta en la revisión inicial del expediente remitido por el Departamento de Justicia de EU, el cual, según la FGR, no contiene pruebas que acrediten de manera impostergable la comisión de un delito.
La funcionaria reiteró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actuará conforme a derecho y que cualquier procedimiento penal deberá contar con pruebas contundentes y verificables. “La relación con Estados Unidos debe darse en términos de igualdad y de respeto a la soberanía judicial de México”, apuntó Alcalde, al señalar que la FGR solicitará más información a las autoridades estadounidenses para continuar con el análisis del caso.
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