• A 35 años del asesinato del influyente periodista, poco se sabe de las verdaderas razones que motivaron el crimen
  • El único inculpado fue José Zorrilla Pérez, quien fuera director de la Dirección Federal de Seguridad

Juan Carlos Aguilar

Cinco años y 12 días después de haberse perpetrado el asesinato del influyente periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984, se dio a conocer el primer avance real de las investigaciones que intentaban esclarecer el crimen y que hasta entonces habían navegado en aguas poco profundas.

El 12 de junio de 1989, el fiscal especial Miguel Ángel García López anunciaba a la prensa que con base en la información obtenida de datos, testimonios e investigaciones realizadas por la fiscalía especializada, “existen ya elementos para fincar responsabilidad del homicidio en José Zorrilla Pérez”, quien en el momento del homicidio era el director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que pertenecía a la Secretaría de Gobernación.

Desde años atrás, investigadores y periodistas habían puesto los ojos en Zorrilla como principal sospechoso del asesinato del autor de la columna “Red Privada”; sin embargo, aquí ya no había suposiciones: el mismo 12 de junio se giró orden de aprehensión contra quien fuera uno de los hombres más poderosos del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). Días después, Zorrilla sería capturado en su casa de Lomas de Chapultepec por el procurador Ignacio Morales Lechuga.

Ese fue el primer avance de las investigaciones y paradójicamente sería el último. No hubo más. No existió ningún otro funcionario que fuera encarcelado por este “crimen de Estado”, como lo han denominado algunos personajes que siguieron el caso de cerca. Ni una nueva investigación ni otras hipótesis. Nada. Todos guardaron silencio. Respecto al asesino material, Juan Rafael Moro Ávila (sobrino nieto del expresidente de México Manuel Ávila Camacho), fue condenado a 19 años y ocho meses de prisión.

Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y, en consecuencia, jefe directo de Zorrilla, permaneció inmune. No se le tocó ni un pelo, pese a ser uno de los principales sospechosos del homicidio. Ni qué decir de Miguel de la Madrid, quien daba palos de ciego y declaraciones al aire. Ser gris fue su mejor máscara.

Zorrilla negó todo y, lo más importante, no acusó absolutamente a nadie. Sacrificado por el sistema del que se sentía parte, sabía que su única salvación sería callar. Debía ser el escudo de los demás y así lo hizo. Él también guardó silencio.

Y en medio de ese mutismo que se ha prolongado por 25 años, dos preguntas siguen sin respuesta de lo que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa llamó el “primer asesinato de la narcopolítica en México”: ¿Quién asesinó a Buendía? y ¿Por qué?

Zorrilla Pérez fue el único funcionario encarcelado por el crimen de Manuel Buendía.

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“En México hay pactos de silencio. El silencio es esencial para el funcionamiento del sistema, porque el silencio implica complicidades y encubrimientos, implica no denuncia y ocultamientos para la sociedad”, afirma en entrevista el periodista José Reveles, quien señala contundente: “El sistema mexicano es la Omertá”.

La Omertá es un código de honor siciliano que reclama silencio absoluto acerca de los asuntos de la Cosa Nostra. A ese tamaño compara Reveles el Estado mexicano y se atreve a hacerlo porque él mismo lo ha padecido. Con una trayectoria periodística de más de 40 años y autor de 13 libros, Reveles se ha topado con pared en muchas de sus investigaciones.

Así ocurrió cuando fue integrante de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD), conformada por cientos de reporteros y editores en todo el país para investigar el caso Buendía. Después de algunos avances, algunos señalamientos, no hubo más. En alguna ocasión Bartlett recibió a la UPD durante cinco minutos afuera de la Secretaría de Gobernación. Sólo anotó sus exigencias y nunca más volvió a recibirlos.

-El asesinato de Buendía sigue abierto…

-Es un asunto que siempre ha quedado cojo. Si fue realmente el primer asesinato de la narcopolítica, pues falta capturar a los políticos. Se ha involucrado siempre a Bartlett, quien además de secretario de Gobernación era aspirante presidencial. Él tenía los controles de la persecución, de la represión y de la política de este país, porque un secretario de Gobernación era un factótum. Sin embargo, siempre ha escurrido el bulto, de la misma manera que lo ha escurrido con respecto a las acusaciones que le hace Estados Unidos de ser cómplice del narcotráfico. Cada que sale esta información, la vuelve a desmentir.

“Yo creo que el asesinato de Buendía sigue siendo paradigmático en el sentido de que no hay quien considere que ese crimen fue casual o fue de la delincuencia nada más, sino que tuvo que ver con su ejercicio periodístico y eso es lo importante.

“Era un hombre que tenía un archivo muy importante, tenía constantemente revelaciones de movimientos que iban contra la sociedad, como las ultraderechas, la iglesia, la corrupción de los sindicatos (como el petrolero), con los dineros de Miguel de la Madrid…

Buendía estaba agradecido con Zorrilla Pérez por su amistad.

Hay una asociación que hace Buendía con la columna que en su momento el periodista estadounidense Jack Anderson publicó en The Washington Post con relación a un depósito multimillonario a Miguel de la Madrid.

“De la Madrid navegó con bandera de ser muy gris, como Zedillo, pero los dos fueron muy corruptos. Hubo más escándalo por la represión de Luis Echeverría y los robos de Carlos Salinas de Gortari, que por la corrupción de De la Madrid. Lo que quiero decir con esto es que De la Madrid no era tan inocuo. Tan sabía las cosas que en esta famosa entrevista que le dio a Carmen Aristegui, resulta que reconoce, en un mea culpa, todas las veleidades y las corruptelas del sistema, diciendo que no hay operación política sin la maquinaria de la corrupción aceitada.

“Después de esta declaración, el poder político, todo el aparato de los expresidentes, pero particularmente el de Carlos Salinas, lo hicieron callar, lo hicieron declararse senil, casi loco, y que lo que dijo no tenía fundamento porque no estaba en sus cabales. Parece que me desvío un poco, pero todo tiene que ver con todo. La ley del silencio aquí es poderosísima. Estamos como las mafias italianas.

“Te voy a poner un ejemplo que para mí es muy evidente. Cuando fueron encarcelados varios funcionarios en tiempos de Luis Echeverría, entre ellos el que fuera secretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García,  yo entré al reclusorio a tratar de entrevistarlo, pretextando que iba a ver a otra persona. En el momento en que me ve se pone pálido.

“Finalmente le digo: ‘Oye, vamos a conversar acerca de tu asunto, si quieres lo publicamos y si no, no’. Y me dice: ‘Mira, yo no he hablado y ve donde estoy’. Me dio la clave: ‘Yo no hablo y debo estar libre; sin embargo, yo no he hablado y ve dónde estoy. Si hablo, estoy acabado’”.

El periodista Jorge Meléndez, quien investigó de cerca el caso (fue uno de los presidentes de la UPD) también padeció esa ley del silencio, donde nadie es culpable y donde nadie sabe nada.

“Recuerdo que hicimos un mitin a la Secretaría de Gobernación por parte de la UPD que yo presidía en ese entonces. Me subí a la reja, me eché un rollo y nos recibió Bartlett cinco minutos. Nos preguntó: ‘¿Qué se les ofrece?’ Y le respondimos: ‘Lo que se nos ofrece es lo que le hemos planteado: que se aclaren los asesinatos de periodistas, incluido el de Manuel Buendía. Tomó nota durante cinco minutos, se fue y nunca más nos volvió a recibir’.

“Cómo un secretario de Gobernación que dice que no estaba metido en el asunto, no le dio respuesta a un organismo de periodistas que pedía que se aclarara  no sólo el crimen de Buendía, sino otros 30 más. Así que, cuando menos, Bartlett fue omiso. Cuando menos, porque si alguien gobernaba con mano férrea, ese era Bartlett”. Luego de reflexionar un poco, Meléndez se pregunta: “¿quién ha sido llevado a juicio político en los últimos 60 años?”.

Su respuesta es tajante: “Ninguno. Ni secretarios ni gobernadores, bueno, ni siquiera presidentes municipales importantes”. Así lo explica:

“Hay una defensa férrea del régimen: quien está en él tiene impunidad. Si estoy dentro del círculo, pues me perdonan; si estoy fuera, me castigan por no entender que hay que meterse al redil para poder hacer de las suyas”. Impunidad y silencio.

En este punto aparece de nuevo Zorrilla Pérez, funcionario que escaló desde muy abajo -como establece el sistema que debe hacerse- y que sabía perfectamente de la importancia de cerrar la boca.

“Zorrilla una vez quiso hablar conmigo, sin embargo luego me dijo que siempre no porque ya iba a salir de la cárcel. En estos regímenes meten a alguien como chivo expiatorio, se avienta una temporada y luego sale. ¿Qué le sabían a Zorrilla Pérez? Pues lo de las credenciales que dio a los narcotraficantes Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero para que pudieran portar armas.

“La amenaza bien pudo haber llegado por ahí: ‘Dices algo, cabrón, y te mandamos a Estados Unidos’. Evidentemente prefirió estar en una cárcel mexicana en donde estuvo a toda madre. Si Zorrilla no es pendejo, por eso se quedó calladito. El que rompe el silencio corre peligro. Y mira ahora, Zorrilla está en Hidalgo muy tranquilo”.

No obstante que Zorrilla fue el único funcionario encarcelado por el asesinato de Buendía, Meléndez considera que el caso está más que resuelto, que no hay ninguna incógnita por resolver.

“Fue una maquinación del gobierno mexicano. Por un lado, no hay que olvidar que Buendía publicó una información donde se acusaba a Miguel de la Madrid de haberse robado varias decenas de millones de dólares. Se armó un relajo. Por otro lado, también estaba metido el narcotráfico, porque después se supo que hubo una operación denominada “Irán-Contra” que involucraba a México”.

En la operación Irán-Contra el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, vendió armas al gobierno iraní cuando éste se encontraba inmerso en la guerra Irán-Irak y financió el movimiento conocido como Contra nicaragüense, que fue creado para atacar al gobierno sandinista de Nicaragua.

Continúa Meléndez: “En esa operación el señor Oliver North mandaba armas a Nicaragua y Veracruz era el punto central. A su vez, recibían droga. De esa operación se supo mucho en Estados Unidos. Y se liga a eso porque mataron a un periodista en Veracruz que investigaba el caso. Después asesinan a Buendía, porque él empezaba a investigar dicha operación, además del asunto de Miguel de la Madrid.

“Recuerdo que el periodista Rogelio Hernández y yo fuimos a Veracruz a ver el asunto del reportero asesinado. Apenas bajamos del camión, llegaron unos tipos a los que les decían ‘La Sonora Matancera’ (no precisamente por Matanzas, Cuba), que nos dijeron: ‘Tienen cinco minutos para irse o si no los matamos’. Evidentemente nos regresamos. Después, con algunos personajes de inteligencia militar, supimos que en efecto había una serie de asuntos en Veracruz que se conectaban”.

***

En los primeros días de mayo de 1984, Manuel Buendía sabía que su vida corría peligro. Su célebre columna “Red Privada”, publicada en el periódico Excélsior y en decenas de periódicos más del interior de la República, abordaba temas delicados relacionados con el narcotráfico y actos de corrupción del mismísimo Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República.

Pese a eso, aquel miércoles 30 de mayo Buendía realizó sus actividades con normalidad. En la mañana llegó a su oficina, ubicada en Insurgentes Sur 58 y comenzó a redactar la columna que enviaría ese mismo día al periódico.

En su libro póstumo Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México (Grijalbo), Miguel Ángel Granados Chapa señala que cerca de las seis y media de la tarde Buendía se dispuso a salir de su oficina. “Coincidió con ese propósito con Juan Manuel Bautista Ortiz, uno de sus dos ayudantes, quien debía hacer fotocopias de documentos. Puesto que la oficina se quedaba sola, su joven exalumno esperó a cerrar, y luego bajó la escalera detrás de Buendía. El elevador estaba descompuesto”.

Cuando salieron del edificio, ambos caminaron al estacionamiento, que estaba a escasos 20 metros. Bautista entró, mientras que Buendía esperó afuera a que le entregaran su auto. Para ese entonces el destino del periodista estaba escrito. Juan Rafael Moro Ávila ya le observaba la espalda. Y no dudó en culminar lo que le habían encomendado.

Relata Granados Chapa: “Moro Ávila se acercó sigiloso a Buendía, y tiró del faldón de la gabardina para dificultar los movimientos del periodista y asegurarse de que no portaba blindaje alguno. Empuñaba una pistola poderosa, una Browning de nueve milímetros.

“Por instinto defensivo, como si pretendiera utilizar su propia arma, y por el efecto físico de los disparos, Buendía giró hacia la derecha, por lo que los balazos tuvieron trayectorias diferentes. Lo ultimó uno tan certero como el resto, que le perforó el pulmón. Buendía se desplomó. Moro Ávila caminó un breve trecho, como si nada, y puntual apareció la motocicleta a cuyo asiento trasero subió”.

En el libro Zorrilla. El imperio del crimen (Planeta), Rogelio Hernández detalla que el primer disparo “entró arriba de la cadera derecha siguiendo una trayectoria hacia arriba; atravesó el pulmón y el hígado y salió cerca de la juntura del tórax con el brazo derecho”. Un segundo disparo encontró el brazo derecho y traspasó el tórax.

El tercero atravesó la caja torácica con rumbo a la espalda. Mientras que el cuarto impacto penetró por el frente a la altura del pecho, pero del lado izquierdo, como buscando el corazón. Esa bala partió en dos la pluma fuente que el periodista traía en la bolsa inferior del saco, la cual después fue entregada a su viuda.

Todo ocurrió en menos de un minuto. Bautista, sin dar crédito a lo que veía, corrió a buscar un teléfono para avisar a Luis Soto, secretario de Buendía, quien a su vez contó lo ocurrido a Zorrilla. Curiosamente, el director de la DFS llegó antes que todos a la escena del crimen, en apenas 15 minutos, como si hubiera estado a la espera de ese aviso.

Aquí un dato curioso: según declaraciones de la secretaria de Zorrilla, ese preciso día su jefe no salió a comer; toda la tarde estuvo encerrado en su oficina, de la cual salió después de recibir la llamada de Soto.

Antes incluso que Zorrilla, había llegado al lugar gente de la DFS, como Juventino Prado, jefe de la Brigada Especial. En realidad había llegado antes que cualquiera porque todo el tiempo había estado ahí. De hecho ese día no acudió a trabajar las oficinas de las DFS. En el supuesto de que no sabía que ocurriría un crimen, ¿quién le avisó de lo sucedido? Esa incógnita jamás fue resuelta.

Ya en el lugar del crimen, Zorrilla organizó las primeras averiguaciones y dispuso que el velorio se realizara en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas. Tenía el control absoluto de la situación. Y hasta una coartada: un día antes del asesinato, el martes 29 de mayo, Zorrilla comió con Buendía en el restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa.

Durante esa reunión, el director de la Federal de Seguridad le regaló al periodista una pistola calibre .45 especial con estuche de lujo. Incluso acordaron volverse a reunir el jueves, pero ese día jamás llegó…

***

Con Zorrilla al frente de las investigaciones, las cosas no iban a ningún lado. Y era obvio. Se sabe que elementos de la propia DFS movieron indebidamente el cadáver, que ocultaron uno de los cuatro casquillos que había en el lugar del crimen y que incluso robaron documentos de la oficina de Buendía. De ahí no surgiría ningún culpable.

Desde luego no hubo ninguna investigación seria, pero sí descabelladas hipótesis y averiguaciones que de plano resultaban absurdas, torpes. En cuatro años, se acumularon montañas de expedientes pero ninguno daba una pista real de los responsables.

En 45 meses de investigación, existían 458 carpetas con un total de 64 mil 491 hojas, habían declarado 369 personas y habían sido identificadas nueve mil 429 armas de fuego con características similares a la utilizada en el homicidio. Además, se habían realizado 54 viajes a nueve estados.

Y lo increíble: había 298 hipótesis de actores intelectuales y se identificaron a 58 posibles actores materiales.

Todo fluía en ese tenor, hasta que la UPD y otras investigaciones paralelas comenzaron a advertir contradicciones. Según declaró Zorrilla, llegó a la escena del crimen en 16 minutos. Sin embargo, Rogelio Hernández y Jorge Meléndez intentaron hacer el mismo recorrido que habría hecho Zorrilla de las oficinas de la DFS, en el Monumento a la Revolución, al despacho de Buendía, y era imposible llegar en tan poco tiempo.

Ante la falta de resultados, el 29 de enero de 1988 Miguel de la Madrid comisionó a Miguel Ángel García Domínguez como fiscal especial para realizar la investigación. En menos de año y medio, demostraron con pruebas contundentes que Zorrilla era responsable del homicidio. Esa fue la estocada final de una serie de infortunios que llevaron al otrora poderoso funcionario a la ruina personal.

Tres años antes, el 6 de marzo de 1985, Zorrilla renunció a su cargo de director de la Dirección Federal de Seguridad, debido a que el Partido Revolucionario Institucional lo había hecho candidato a diputado federal, por el primer distrito de Hidalgo, su estado natal.

Sin embargo, apenas dos meses duró su campaña. Intempestivamente, el 24 de mayo de 1985, renunció a su postulación y desapareció. Su renuncia se debió a que a principios de ese año, atraparon a los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes aseguraron haber recibido, de parte de Zorrilla, credenciales de la DFS para poder portar armas y no ser molestados por sus actividades ilícitas de tráfico de estupefacientes.

Zorrilla se fue a vivir a España, de donde volvió años después, luego que el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Renato Sales Gasque, lo declaró sospechoso del crimen de Buendía en enero de 1988. Posteriormente vendría la orden de aprehensión.

Zorrilla fue capturado en junio de 1989 y recluido en el Reclusorio Norte, donde fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión. No obstante, el 19 de febrero de 2009 fue puesto en libertad tras cumplir solamente 19 años de condena, gracias a amparos otorgados por jueces del Distrito Federal.

Ante la polémica generada por esta decisión, fue reaprehendido cuatro meses después, alegando que Zorrilla no entregó carta aval moral, fotografías tamaño credencial y carta compromiso de trabajo.

Fue hasta septiembre de 2013 cuando Zorrilla solicitó la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y a su delicado estado de salud: padece diabetes a un nivel tan avanzado que lo ha dejado ciego. Belem Bolaños Martínez, jueza primero de Ejecución de Sanciones Penales, falló a favor del exfuncionario.

A pesar que la Procuraduría capitalina apeló la determinación judicial con base en el artículo 19 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, ya que el homicidio es calificado como un delito de alto impacto sin derecho a ningún beneficio legal, el tribunal ratificó la resolución.

Lo último que se supo de Zorrilla Pérez es que vivía con su hija en Atotonilco, Hidalgo. Se dice que no recibe a nadie y que nunca da entrevistas. Su boca es una tumba. Más que eso. Los lugareños afirman que es más fácil tomarle una fotografía al Diablo que al propio Zorrilla, cuya presencia es registrada como un rumor, uno más en torno a este caso en el que el silencio prevalece.

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