Francisco Rodríguez
En la década de los 40’s del siglo anterior y con el arribo al poder de los codiciosos alemanistas, exigida por los gabachos que ya no querían lidiar con otro militar en la Presidencia de México –sino con dóciles, ambiciosos y entreguistas civiles de cuarto cachete–, acabó de tajo con el poder militar formal y lo redujo a la vida plácida de los cuarteles, sellados a cal y canto.
Así fue durante todo el período de crecimiento con estabilidad y aún más allá, hasta que al felón Ernesto Zedillo se le ocurrió desaparecer a la Policía Judicial Federal, en manos de los civiles, para entregarla, en 1996, a las garras de generales retirados, en su gran mayoría. Aunque el traidor que se decía cachanilla alegó razones de corrupción, la verdad era otra.
Fue una venganza, un capricho de rarito, para cobrarle a los sabuesos de la Judicial todos los desatinos que había tenido su gobierno en la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, la aprehensión de Raúl Salinas y todas las faramallas ideadas por El Innombrable en el asunto de la osamenta, predicha por una timadora agorera a la que apodaban La Paca, que se llevó a todos al baile, del Presidente p’abajo.
Y así, la llegada de 500 soldados a la Policía Judicial Federal –para sustituir a los 500 judiciales con los que contaba la PGR, ¡para todo el país!– fue un fiasco de aquéllos. Cuando todo mundo esperaba que el arribo de los verdes entorchados iba a dar resultados inmediatos en auxilio de la procuración de justicia, todos nos enteramos de que al poco tiempo de asumir su cargo, por ejemplo, todas las camionetas Suburban y vehículos oficiales, habían sido destrozados en accidentes viales. Ni manejar vehículos sabían los soldaditos.
Y sí, en efecto, no sabían hacer nada, ni manejar un auto, ni manejar una pistola con la destreza que lo hacían los colmilludos civiles que hicieron un compendio de leyendas en la investigación criminal. Como se militarizó la Judicial, el asunto hizo olas, y en poco tiempo todas las agencias de seguridad federales y locales eran manejadas por militares, sin idea remota de algún asunto de ese tipo. Usted sabe, como pretextan siempre los jerarcas verde olivo, no fueron educados para hacer labores de policías.
Al rato, los militares estaban metidos hasta el queque en todos los asuntos de la delicada seguridad interior, que hasta la fecha nadie ha podido definir qué es, ni con qué se come. Con Andrés Manuel López Obrador, todavía peor, se les ha dado un poder casi absoluto, pues al que de suyo ya ejercen se les agregó el poder económico e, indudablemente, hasta el político.
Desde que se militarizó la seguridad pública, todo ha ido peor
Lo que es un hecho es que, desde 1996, cuando se militarizó a la Judicial, cuando los gobernadores dejaron en manos de ancianos generales los mandos policiacos de sus respectivas entidades, la seguridad ciudadana comenzó a sufrir las de Caín.
En el peñato, todas las ideas que supuestamente se producían en el seno de la fantochada ésa que llamaban Comisión Nacional de Seguridad, la que estaba a cargo del campechano Renato Sales –nadie sabe por qué– se generaban en el extranjero, por gerifaltes de los que no conocíamos ni el rostro ni el nombre. Casi todas se redactaban en las oficinas laterales de genios de la Embajada gabacha.
Hoy ni siquiera eso.
Igual que con el peñanietismo, la 4T nunca presentó un programa mínimo de gobierno para el país, y todo se cargó a la cuenta de las ocurrencias que se farfullan en las matinés de Palacio Nacional.
Y es por ello que AMLO y su gobierno es el momento en que todavía no saben ni dónde están parados.
De la supervisión del Ejército ni hablar. Todos hacen y deshacen, según su poco confiable leal y entender.
Masacrar civiles, por ejemplo.
O ¿cómo lo ve usted?
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