Un grupo faccionista opositor dentro de la Universidad auspiciados por Antorcha Campesina. orquestó una serie de acciones para tomar por la fuerza y de manera violenta las instalaciones para asumirse como la nueva administración, sin tomar en cuenta el proceso que para tal efecto dispone la normatividad institucional que rige la vida y ordena el actuar universitario: buscando el manejo del patrimonio y al recurso asignado por la federación como su presupuesto que asciende a 3200 millones de pesos.
El Rector Estatutario José Solís Ramírez, no podía ser removido, toda vez que la supuesta remoción no realizo con base en un plebiscito como lo prevé el Estatuto Universitario.
Resulta ilegal la supuesta destitución escudándose en el autogobierno y desconociendo la normatividad universitaria. “Lo único que se pide es que se realice con base en los estatutos es decir de manera legal, en todo el proceso que se está realizando, para dictaminar las cosas, la propia presidencia tiene la parte jurídica para que lo revise”, señaló José Solís Ramírez.