• Consejera jurídica rechaza censura y acusa campaña de desinformación.
Carlos Lara Moreno
El Estado no determinará qué información es verdadera o falsa ni tendrá facultades para censurar contenidos en radio y televisión, aseguró la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, al defender los lineamientos en materia de derechos de las audiencias y acusar una “campaña de desinformación” para desacreditar la regulación.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria afirmó que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales permanecen en consulta pública y aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, únicamente desarrollan obligaciones previstas desde la reforma constitucional de 2013 y en la legislación vigente para garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz, plural y oportuna.
Frente a las críticas de periodistas y analistas que sostienen que la regulación permitirá al gobierno definir qué es verdad y qué no, Alcalde aseguró que esa interpretación “es completamente falsa”.
“Son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética y en estos códigos de ética establecen cómo van a garantizar que la información sea veraz, es decir, que sea información verificada y que no sea información falsa.”
Subrayó que la autoridad no revisará ni calificará los contenidos periodísticos.
“El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad; serán los propios medios de comunicación, a través de sus códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz.”
La consejera jurídica sostuvo que el objetivo de los lineamientos es fortalecer el derecho de las audiencias reconocido en el artículo sexto constitucional, el cual obliga a establecer mecanismos para que los ciudadanos reciban información confiable.
Acusa campaña de desinformación
Alcalde afirmó que desde la presentación de los lineamientos se impulsó una narrativa para hacer creer que el gobierno pretende censurar a los medios de comunicación o sancionar a quienes expresen opiniones críticas.
“Hay que decirlo así claramente: hay una campaña de desinformación que estableció algunas premisas que están muy alejadas de lo que dicen los lineamientos.”
Incluso mencionó comentarios difundidos en distintos espacios informativos que, dijo, han señalado erróneamente que el Estado tendrá la última palabra sobre la verdad o que obligará a los conductores a distinguir cada opinión emitida durante una transmisión.
“Pretendieron establecer una falsa narrativa de que los lineamientos buscan censurar y que sea el Estado el que determine qué es verdad y qué no es verdad. Nada de esto está establecido en los lineamientos.”
Por ello, insistió en que el documento debe analizarse por su contenido y no por interpretaciones difundidas en medios de comunicación.
Defensores de audiencias serán designados por los concesionarios
La funcionaria también rechazó las versiones que afirman que el gobierno nombrará a los defensores de las audiencias.
Explicó que esa figura será designada por cada concesionario y tendrá la responsabilidad de recibir las quejas de radioescuchas y televidentes cuando consideren vulnerado su derecho a la información.
“Es el propio medio de comunicación, la propia concesionaria, la que determina y nombra a quien será su defensor de audiencias.”
Añadió que los lineamientos únicamente establecen el procedimiento para que las audiencias presenten solicitudes de aclaración o inconformidades y fijan plazos para que dichas quejas sean atendidas.
Sanciones no serán por opiniones
Respecto a las multas previstas en la legislación, Alcalde aclaró que la autoridad sólo podrá intervenir cuando un concesionario incumpla obligaciones administrativas previstas en la ley.
Entre ellas mencionó no publicar un código de ética, no designar a un defensor de audiencias o carecer de mecanismos para recibir y atender quejas ciudadanas.
“La autoridad intervendría cuando hay un incumplimiento de algunas de estas obligaciones… eso nada tiene que ver con censura y nada tiene que ver con intervenir en qué información se presenta.”
Reiteró que las sanciones no estarán relacionadas con opiniones editoriales, críticas al gobierno o contenidos periodísticos.
Publicidad y opiniones deberán distinguirse
La consejera jurídica explicó que otro de los objetivos de los lineamientos es evitar que la publicidad se presente como si fuera información periodística.
Precisó que, en televisión, los espacios comercializados únicamente deberán identificarse al inicio y al final con una letra “P” o con una leyenda que informe que se trata de contenido patrocinado.
Asimismo, cuando un programa combine información y opinión, bastará con colocar un aviso al inicio y al final de la transmisión para que las audiencias conozcan la naturaleza del contenido.
“No quiere decir regresar al absurdo de que cada que vas a decir una opinión tengas que advertirlo.”
Añadió que este tipo de prácticas ya existen en medios impresos y plataformas digitales, donde las inserciones pagadas o contenidos patrocinados se identifican claramente para evitar confundir al público.
“Protegen el derecho de las audiencias”
Alcalde concluyó que los lineamientos no restringen la libertad de expresión ni buscan limitar el trabajo periodístico, sino fortalecer el derecho constitucional de las audiencias a acceder a información diferenciada entre hechos, opiniones y publicidad.
“Está muy alejado de una intención de censura, de una intención de multar por pensar diferente; al contrario, protegen el artículo sexto constitucional, que es darnos herramientas a todas y todos para poder tener información veraz y no tratar de engañar a las audiencias.”
