• La defensa de los pueblos indígenas está respaldada por organizaciones internacionales como Greenpeace-México
  • Estos proyectos violan los derechos de los lugareños, dice el magistrado Francisco Huber, porque no se realizó una consulta seria
  • En el Istmo hay pobreza, violencia, desempleo, falta de hospitales y escuelas. Son carencias que el gobierno debe atender antes de pensar en un megaproyecto

Andrés Suárez Ramírez

Ante la embestida del gobierno lopezobradorista contra el patrimonio de comunidades indígenas del sur y sureste del país, por el desarrollo de los megaproyectos como el denominado Corredor Interoceánico y el Tren Maya, los pueblos originarios de la región se han organizado para defenderse legalmente del despojo, mediante la Ley de Amparo, y con ello detener las obras que afectarían sus tierras, vida social y ecosistemas.

La defensa – que cuenta con el respaldo de organizaciones no gubernamentales de nivel internacional como: Greenpeace-México, Articulación Yucatán, el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales entre otras – comenzó porque los pueblos originarios, aseguraron que no fueron tomados en cuenta al momento de planear estas obras.

Para el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Francisco José Huber Olea, consultado por  IMPAR, dijo que se violan los derechos de los habitantes de la región porque no se realizó una consulta seria al respecto, tampoco se hicieron en tiempo y forma los estudios de impacto ambiental y eso puede cambiar el entorno y la vida de los lugareños.

“No nos han tomado en cuenta”, ha lamentado Betina Cruz Velásquez, integrante de la Asamblea por la Defensa de la Tierra, quien explicó que ya alistan una serie de amparos que se presentarán en los juzgados Sexto y Séptimo de Salina Cruz Oaxaca contra el Corredor Interoceánico y cancelar su desarrollo, porque no consideró como sujetos de derechos a los pueblos indígenas de la región.

Por su parte el representante regional del Comité Nacional por la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre dijo que “En el Istmo hay pobreza, violencia, desempleo, falta de hospitales y escuelas. Son carencias que el gobierno debe atender antes de pensar en un megaproyecto que significará despojo de tierras, daños al medio ambiente y ruptura del tejido social”.

Con respecto a los amparos interpuestos, el también catedrático de la UNAM, Francisco Huber, mencionó que pueden resolverse este mismo año. Y en caso de ser favorable para quienes lo interpusieron, puede provocar que los proyectos se cancelen definitivamente, porque si se considera que se han violado leyes y la Constitución, la sentencia de amparo puede tener el efecto de que sea imposible la continuación de los proyectos.

A pregunta expresa de que el Ejecutivo quiere dominar al Poder Judicial para que este falle a su favor, el Magistrado mencionó que: “el último bastión de la República es el Poder Judicial, porque es quien vela que todas las autoridades se conduzcan conforme a las leyes que nos hemos dado como sociedad.  Si el Ejecutivo quiere “dominar” al Poder Judicial, lo aniquilaría, porque lo que hace fuerte a los jueces, es su independencia al resolver…  Sería catastrófico para el país”.

En el caso del Tren Maya, organizaciones preocupadas por frenar el desarrollo del proyecto, se reunieron en Mérida, Yucatán, para firmar un documento en el que reprochan al Gobierno Federal la intervención en los ejidos y poblaciones indígenas para dividirlos y confrontarlos, en torno a estos megaproyectos.

Así los pueblos originarios comienzan a organizarse como los de Campeche y Quintana Roo, a los que se suman los del Istmo Tehuantepec en Oaxaca con el objetivo de detener las obras más importantes del sexenio de la Cuarta Transformación que violentan sus derechos.

Inclusive el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le advirtió al presidente que se opondría al proyecto del tren. “Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que (López Obrador) pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que cambió de nombre, para no decir Ejército”, expuso el subcomandante Moisés.

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