- En cárceles mexicanas se agudizan riñas, disturbios, enfrentamientos e irregularidades, las condiciones de los penales y centros de reinserción social, cada vez empeoran más
- Violencia, la corrupción, la inseguridad, los abusos y el autogobierno son los principales problemas que afectan al interior de dichos lugares
María Escalante García
En los últimos meses se han agudizado riñas, disturbios, enfrentamientos e irregularidades en las cárceles mexicanas. El hecho más reciente fue el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue hallado en un basurero del penal de San Miguel, en Puebla, tras ser exhumado de un panteón, todo esto deja ver que no hay ley en dichos lugares y refleja la necesidad de una reestructura urgente en los Centros de Reinserción Social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las condiciones de los penales y centros de reinserción social, cada vez empeoran más.
Según la encuesta del INEGI, hasta junio del 2021 en el país había 67 mil 584 personas privadas de la libertad (55 mil 535 hombres y 12 mil 049 mujeres), tras ser procesados o sentenciados por delitos del fuero común o federal, en centros penitenciaros de la Ciudad de México y estatales.
Ambos estudios coinciden en que la violencia, la corrupción, la inseguridad, los abusos y el autogobierno son los principales problemas que se enfrentan al interior de los centros, en los que la reinserción social está cada vez más lejos de consumarse.
Corrupción, lo más común
En el apartado de corrupción, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria detalló que este delito sigue siendo parte de las practicas comunes en los centros de readaptación y penales; además de registrar un alza en comparación con el estudio realizado en 2016.
Según datos oficiales, en 2016 se estimó que un 10.8 por ciento de la población de los centros penitenciarios fueron víctimas de corrupción; sin embargo, para el 2021, se detectó que las víctimas equivalen a un 17.2 por ciento.
Las prácticas más comunes de corrupción, que incluyen hacer pagos por utilizar instalaciones son: el pase de lista (53%), por tener aparatos electrónicos (43%), cambiar de celda o evitar que los cambien de celda (34%), por tener agua potable (31%), por recibir medicinas (30%), por tener una cama, colchoneta o cobijas (28%) y por tener acceso a un teléfono (24%), entre otros.
La encuesta también reveló que el 96.4 por ciento de la población en los centros penitenciarios fue víctima de corrupción, pero no realizaron denuncias ante las autoridades, ya que el 33 por ciento consideró que era una práctica común.
Actos de autogobierno
A nivel nacional, 36.7 por ciento de la población privada de la libertad señaló que ha visto actos de autogobierno, los cuales consisten en tener a internos realizando actividades de seguridad o funcionamiento del centro penitenciario de manera parcial o total, debido a que los elementos de seguridad al interior carecen de autoridad.
Las principales actividades en las que ha ganado terreno el autogobierno: manejo de llaves de las celdas (23.5%); riñas entre grupos de internos por el control de Centro; asignación de celdas a otros internos (14.1%); vigilancia en celdas (13.3%); cobro a internos por bienes y servicios (12.2%); actos de violencia contra autoridades (11.8%); imposición de sanciones (11.5%); protección a otros internos (11.2%).
A esto se suma cuando los internos prohíben a otros participar en talleres y actividades deportivas, hacer llamadas telefónicas, tener acceso a servicios médicos e incluso estudiar.
De acuerdo con datos oficiales, las 10 entidades con más centros penitenciarios en las que perviven prácticas de autogobierno son: Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Sonora, Puebla, Morelos, Quintana Roo, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.
Inseguridad
De acuerdo con cifras del Inegi, en el 2021, 25.9 por ciento de la población privada de la libertad se sintió insegura al interior del centro penitenciario, mientras que, el 14.4 por ciento vive con temor al interior de su celda.
Los estados que encabezan la lista con mayor percepción de inseguridad al interior de los Cereso son Campeche, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla.