· Mayo ha desbancado a abril como el mes más violento del año, registrando un total de 2 mil 410 asesinatos en todo el país
· Incremento de homicidios en mayo no sólo refleja un deterioro en la seguridad pública, sino también la urgente necesidad de reforzar las estrategias y políticas de prevención del delito
María Escalante García
Mayo ha desbancado a abril como el mes más violento del año, registrando un total de 2 mil 410 asesinatos en todo el país, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esto representa un promedio alarmante de 77.7 víctimas diarias, subrayando la persistente crisis de violencia que enfrenta México.
El incremento de homicidios en mayo no sólo refleja un deterioro en la seguridad pública, sino también la urgente necesidad de reforzar las estrategias y políticas de prevención del delito. La violencia ha permeado diversas regiones del país, afectando tanto áreas urbanas como rurales, y dejando a su paso comunidades devastadas y un ambiente de incertidumbre entre la población.
Este aumento en el número de asesinatos pone de relieve las dificultades que enfrentan las autoridades para controlar la criminalidad. La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común requiere de una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, así como de la implementación de políticas integrales que aborden las causas profundas de la violencia.
La información proporcionada por la SSPC debe ser un llamado a la acción para todos los actores involucrados en la seguridad y protección ciudadana. Es imperativo que se fortalezcan las capacidades de las fuerzas del orden, se mejoren las condiciones socioeconómicas de las regiones más afectadas y se fomente la participación ciudadana en la creación de comunidades seguras y resilientes.
El preocupante aumento de homicidios registrado en mayo evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Sólo a través de una respuesta coordinada y multifacética se podrá revertir esta tendencia y construir un entorno más seguro para todos.
El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de junio de 2024, tiempo que lleva la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 188 mil 522 homicidios dolosos en México.
Violencia en las elecciones
Las actuales elecciones en México han estado profundamente marcadas por la violencia y la polarización política. Más de 30 aspirantes a cargos públicos han sido asesinados, lo que subraya la peligrosidad y el clima de inseguridad en el que se desarrollan estos comicios. Esta situación no solo pone en riesgo la vida de los candidatos, sino que también afecta la libre expresión de la voluntad popular y la confianza en el proceso democrático.
Un claro ejemplo de esta violencia se refleja en el estado de Chiapas, en la frontera sur del país, donde más de 100 casillas (centros de votación) no abrirán sus puertas. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) suspendió este fin de semana los comicios en los municipios de Chicomuselo y Pantelhó debido a los altos niveles de inseguridad. Esta medida evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar un entorno seguro para el desarrollo electoral, afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Defensores asesinados
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador “ha sido violento”, con 92 asesinatos de defensores de derechos humanos en México, aunado al alza de agresiones y el no reconocimiento de su labor, señaló este viernes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT).
La organización, que presentó un análisis sobre el cumplimiento de los derechos humanos en México, expuso que en el periodo que se extiende del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, se documentaron estas ejecuciones extrajudiciales de autoridades contra defensores de derechos humanos.
Estos actos, dice el informe, “fueron perpetrados por motivos políticos, es decir, como represalia por la defensa o el ejercicio de algún derecho humano”, en los que los responsables fueron agentes del Estado de los tres niveles.
El balance destacó que las desapariciones y homicidios en México han sido “una grave problemática” en el país.
