• El gobierno está buscando como recaudar más recursos a la tesorería, y evidentemente es porque no tienen otra manera de encontrar más dinero: Ramsés Palomo 
  • Hasta la fecha 2.6 millones de trabajadores ya fueron contratados directamente por las empresas 

María Escalante García   

“El origen real de la reforma al outsourcing es la recaudación, el gobierno está buscando como recaudar más recursos a la tesorería, y evidentemente es porque no tienen otra manera de encontrar más dinero. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se convertirá en un ente que saldrá a multar a los empresarios, lo cual podría generar un periodo de extorsión para buscar la manera de cobrar dichos pagos”, aseguró Ramsés Palomo, director General de Singh Consulting Group. 

En entrevista con Impar el periódico el experto comentó que el sector empresarial está preocupado porque es una ley realizada al vapor con muchas irregularidades, ya que hubo una simulación de acercamiento con ellos. “Esto ocurre en el peor momento, debido a que el país cruza una tercera ola de la pandemia, venimos saliendo de una crisis económica muy grave, y se topará con un desempleo muy severo”. 

El sector empresarial lógicamente no está contento, pues buscan que sean escuchados, que haya flexibilidad, la misma con la que se está apoyando al gobierno, como la prórroga que ellos pueden seguir utilizando dicha figura hasta el 2022, lo cual no ocurrirá con la iniciativa privada a quienes solo le dieron un mes más de plazo, apoyo que no sirve de nada.  

Ramsés Palomo indicó que dicha reforma afecta en el sector patronal por una simple razón, se viene de una crisis económica y el sector patronal no ha recibido apoyos fiscales, debido a esto se verá reflejado en despidos y desempleo, pero el trabajador no tendrá afectaciones en sus derechos laborales. 

Comienza migración  

En meses recientes más de la mitad de los trabajadores que se encontraban bajo el esquema de outsourcing han sido contratados directamente por las empresas para las que en realidad prestaban sus servicios, en movimientos que significaron un incremento promedio de 12 por ciento en sus salarios, informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda. 

Hasta antes que fuera aprobada una reforma legal que impide a las empresas subcontratar trabajadores para evadir obligaciones laborales y fiscales trabajaban bajo ese esquema poco más de cinco millones de personas, de los que a la fecha 2.6 millones ya fueron contratados directamente por las empresas, mencionó. 

Septiembre, el plazo  

En septiembre vence el plazo para que sean aplicados en su totalidad por las empresas los cambios legales que prohíben la subcontratación.  

Además, en esa fecha entrarán en vigor las disposiciones fiscales de la reforma que impiden acreditar y deducir del ISR y el IVA los gastos asociados al pago de contratos por subcontratación laboral, además de tipificarse el outsourcing de personal como defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel. 

Sueldos disminuyen 

Después la reforma en materia de subcontratación laboral, los sueldos de los trabajadores han disminuido, advirtió el Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), se han reconocido a 2.6 millones de trabajadores por sus patrones directos; sin embargo, 23 por ciento ha visto reducido su sueldo, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

“La transición al esquema de servicios especializados representa un costo adicional, que compensarán disminuyendo los salarios a más de 575 mil trabajadores”, indicó el socio fundador del CEEF, Armando Leñero.  

En algunos casos, las compañías no notifican el esquema de sustitución patronal, con la idea de no transparentar la disminución en la prima de los trabajadores, lo que representa un riesgo no solo para los salarios, sino para la prestación de seguridad social.  

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