José SÁNCHEZ LÓPEZ
Al menos desde hace 12 años, el ex gobernador de Quintana Roo y ex senador, Félix Arturo González Canto, junto con el también ex mandatario estatal, Roberto Borge Angulo, han sido señalados reiteradamente por sus presuntos nexos con el narco; hoy son mencionados de nueva cuenta, pero a nivel internacional, en el juicio instruido contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, calificado como “el líder criminal del mayor cártel mundial de drogas”.
Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, tercero en jerarquía dentro de la estructura criminal, convertido en testigo colaborador a cambio de beneficios, señala a aquellos que en un tiempo fueron sus cómplices y exhibe no sólo a ex gobernadores, sino a militares, jefes policiacos, altos funcionarios y hasta ex presidentes.
QUINTANA ROO: NARCOPASILLO DEL CARIBE
Durante el régimen de Mario Ernesto Villanueva Madrid, de 1994 a 1999, el Cártel de Juárez, bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, se aposentó en Quintana Roo y lo que fuera un paraíso para millones de turistas nacionales e internacionales, por sus atractivos, su cultura, sus playas y su seguridad, se transformó en tierra del narco, donde las grandes organizaciones del crimen se disputaban y se disputan el control del territorio.
Villanueva Madrid, por presión del gobierno de Estados Unidos, fue capturado, procesado en México, extraditado al vecino país y después repatriado, para pagar los cargos pendientes en su país, como lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otros delitos.
Desde entonces, Quintana Roo, ha sido centro de operaciones de bandas del crimen organizado, refugio de jefes del narcotráfico, paraíso fiscal para el blanqueo de capitales y puerta de entrada para las toneladas de droga que llegan a territorio mexicano por aire, mar y tierra, cuyo destino es la Unión Americana
Los mandatarios subsecuentes e incluso la Federación, poco o nada pudieron o quisieron hacer para solucionar el flagelo que paulatinamente fue convirtiendo a la entidad en un santuario del crimen organizado.
En el mandato de Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, la situación se mantuvo casi igual, pero al arribo de Félix Arturo González Canto como gobernante, en abril del 2005, el trasiego de drogas alcanzó su nivel más alto y el consumo interno de las mismas se disparó escandalosamente.
En 2006, ya con González Canto al frente del gobierno estatal, la entidad registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, pero muchos de ellos, casi todos, fueron por posesión, es decir, 703 en total, es decir que la tendencia de los delitos del narcotráfico cambió definitivamente en Quintana Roo y el consumo interno superó a las modalidades de tráfico y comercio.
Al siguiente año, el 2007, Quintana Roo llegó a mil 43 casos por delitos contra la salud, de los cuales 992 fueron por posesión, mientras que en el apartado de tráfico se registraron 12 y sólo 29 por comercio.
Después de ese año, el de mayor incidencia en esta estadística, el número de casos por delitos contra la salud se mantuvieron en el mismo estándar, hasta el último año de gobierno de Félix González Canto.
Sin embargo, era sobradamente conocido que las estadísticas oficiales eran maquilladas para tratar de ocultar la realidad, además de que la “cifra negra” superaba en al menos un 300 por ciento a las oficiales.
Durante el desarrollo de su gestión, González Canto se vio involucrado en escándalos relacionados con el narcotráfico, la prostitución, el desvío de recursos y otros lícitos, inclusive tiene una carpeta de investigación pendiente en la Fiscalía de Quintana Roo, por el homicidio de una jovencita de 15 años, a la que, se dice, mandó asesinar cuando era presidente municipal de Cozumel, porque estaba embarazada y trataba de extorsionarlo.
En su momento, la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, divulgó un informe de inteligencia militar que puso al descubierto lo que ocurría en Quintana Roo, donde dos grandes grupos de los Zetas se disputaban (¿o se disputan?) el control de Cancún y la Riviera Maya: unos del Cártel del Golfo y otros desertores de la misma organización.
DETIENEN A SU JEFE DE POLICIA POR PROTEGAR A ZETAS
En agosto de 2009, se difundió un “narcovideo” en la red social Youtube, donde tres presuntos “Zetas”, al ser interrogados por otro grupo autodenominado “Matazetas”, revelaron nombres de altos jefes policiacos y funcionarios públicos que brindaban protección al crimen organizado.
Entre los nombres figuró el delegado de la PGR en Quintana Roo, Nicolás Hernández Mendoza; el subdelegado, Jesús Vega Romero; el secretario estatal de Seguridad Pública del Estado, Salvador Rocha Vargas; Alejandro Betancourt Pérez, director de la Policía Turística municipal de Cancún; Mariano Martínez, policía preventivo y David Lozano Antillón, agente del Ministerio Público del Fuero Común.
Dos meses después, la noche del 2 de septiembre de ese mismo año, en menos de 24 horas, el comandante de la 34 Zona Militar, general Anastacio García Rodríguez, detuvo a los señalados, quienes fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada, entonces SIEDO y de ahí a una casa de arraigos de la PGR.
Finalmente, de acuerdo a la causa penal 301/2009, fueron consignados e ingresados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 3, “Noreste”, con sede en Matamoros, Tamaulipas.
Se estableció entonces que los indiciados mantenían nexos y brindaban protección a las organizaciones criminales de los hermanos Beltrán Leyva y al Cártel del Golfo, así como a “Los Zetas” que en ese tiempo eran su brazo armado que operaban en Quintana Roo.
Cabe destacar que cuando Rocha Vargas fue detenido, ya tenía varias denuncias en su contra por utilizar las instalaciones del C4 para torturar a detenidos, sin que mediara orden de aprehensión, violando sus derechos humanos, además de que durante su mando crecieron exponencialmente las extorsiones policiacas a turistas en Cancún y Playa del Carmen.
Empero, el entonces procurador del estado, Bello Melchor Rodríguez, salió de inmediato en su defensa diciendo que seguro podría demostrar su inocencia y advirtió que lo defenderían los mismos abogados de Villanueva Madrid.
La detención de los anteriores, puso al descubierto la complicidad de otros empleados del gobierno del Estado que también estaban coludidos, entre ellos: Yonis Reyes López, alias “El Yoni”, ex agente de la Policía Judicial del Estado (PJE), detenido junto con Juan Daniel Carranco Salazar, “El Colosio”, quien era jefe del Cártel del Golfo en la entidad.
El 11 de diciembre de 2010, luego de un año y tres meses de estar tras las rejas, Rocha Vargas fue dejado en libertad y abandonó el penal de El Rincón, en Nayarit para volver a Cozumel.
González Canto se apresuró a anunciar su liberación, diciendo que se había hecho justicia; sus acusadores en cambio comentaron que el mismo gobernador se había encargado de “arreglar” el asunto.
VINCULADO AL ZAR DE LA PROSTITUCION EN EL ESTADO
En febrero de 2012, ya siendo gobernador Roberto Borge Angulo, la joven Lorena Martins, hija de Raúl Martins Coggiola, empresario argentino y ex agente de inteligencia en su país, llegó a México para denunciar a su propio padre por intento de asesinato
Acudió a la Procuraduría General de la República, donde declaró que había estado a punto de ser asesinada por su propio padre Martins Coggiola, con la complicidad del gobierno de Félix González Canto, quien lo apoyó para que se consolidara como el zar de la prostitución en el Caribe Mexicano, lo mismo que su sucesor Borge Angulo.
La denuncia de Lorena Martins además de señalar diretamente a su padre, involucró a González Canto y a Borge Angulo, al relacionarlos con personajes del crimen organizado.
A decir de Lorena, los dos tenían vínculos con Raúl Martins, porque éste fue favorecido por González Canto para convertirse en el zar de la trata de blancas, a cambio de que una vez que concluyera su gestión, apoyara la campaña de Roberto Borge.
“Recuerdo que mi padre acudió a una cena para apoyar la campaña de un partido político en Cancún. Estaba a mil dólares la entrada y él compró cuatro o cinco entradas, más las aportaciones concretas que hizo a esa campaña”, refirió Lorena.
Lorena dijo que su padre era uno de los jefes de una poderosa mafia del crimen organizado relacionada con los Zetas y un grupo de políticos a los que apoyó en sus campañas, además de ser dueño de una red de antros en Cancún, Playa de Carmen, Tijuana y Buenos Aires, con nombres como Mix, Divas, The One, Maxim y Bolero.
Su padre, aseguró, era el líder de una banda dedicada a la prostitución de argentinas, colombianas y brasileñas que eran traídas a México, en contra de su voluntad, ya que las engañaban con la idea de venir a Cancún a trabajar como meseras y modelos pero al final las obligabas a prostituirse.
-En su organización, dijo, todas las redes de trata funcionan con protección. Hay varios funcionarios implicados, gente de partidos políticos, gente de periódicos que taparon todo esto y la molestia de su progenitor, obedeció a que ella le advirtió que no estaba de acuerdo con sus actividades de lenocinio y que si no dejaba ir a las jóvenes que explotaba sexualmente, lo denunciaría ante las autoridades.
El asunto no llegó a mayores y actualmente Raúl Martins Coggiola se encuentra prófugo o desaparecido.
VÍNCULOS CON GRANDES CAPOS
Con Mario Villanueva, tras las investigaciones del FBI y la DEA, se estableció que Ramón Alcides Magaña, operador de Amado Carrillo Fuentes, era quien coordinaba el pago a policías y funcionarios del estado de Quintana Roo, en particular al entonces gobernador, quien recibía medio millón de dólares por cada cargamento de cocaína que le permitía introducir al cártel de Juárez.
Para no perder la costumbre, González Canto continuó la tradición de mantener contacto con el clan de los Carrillo Fuentes, pero con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del “Señor de los Cielos”, quien se ostentaba como un exitoso constructor.
Según investigaciones policiales, Luis Carlos Carrillo Cano asistía a fiestas y toda clase de eventos sociales e incluso mantenía muy buena relación en el ámbito de la política, con lo que conseguía obtener apoyos en las licitaciones del gobierno.
Dichos beneficios gubernamentales no era regateados, pese a que sus hermanos Ricardo y Alfredo Carrillo, la DEA ya los había ubicado como miembros activos del Cártel de Juárez y presuntos responsables de tráfico de drogas, “lavado” de dinero, extorsión y homicidio.
Bajo la fachada de empresario, Carrillo Cano hizo millonarios negocios con González Canto, a grado tal que llegó a otorgarle la concesión para la ampliación de la cárcel municipal de Cancún, a través de la empresa SAFIE de Quintana Roo, SA de CV.
Cuando se descubrió la relación González Canto-Carrillo Cano, las obras tuvieron que suspenderse y entonces al examinar los planos del penal, se descubrió que incluso contemplaban la construcción de pasadizos secretos para eventuales fugas.
La noche del 18 de octubre de 2011, el “exitoso empresario”, amigo de Borge y González Canto, fue ejecutado en el estacionamiento de uno de los restaurantes “El Pollo Feliz”, localizado en una de las principales avenidas de Cancún.
