René Cervera G.

La tentación constante de normar la voluntad ciudadana, ha llevado a una ruptura constante entre los que imponen una regulación obediente a quienes se consideran como entidades de mayor moral, y el electorado.

De esta manera, instituciones como el poder judicial, el legislativo, el INE, crean aranceles entre las urnas y quienes votan, de manera tal que las autoridades electas poco tienen que ver con la voluntad de la población.

Los partidos políticos deberían ser escuelas de civismo y convencer de las bondades de un voto equitativo entre ambos géneros. De igual manera, enseñarles a sus simpatizantes las ventajas sociales de la honradez y una convivencia incluyente de manera integral, aunque de igual manera están en su derecho de proyectar lo contrario sin la hipocresía de quienes fingen ciertas convicciones y en consecuencia dicen una cosa y practican otra. 

Con el nombre de acciones afirmativas, discriminaciones positivas, compromisos internacionales interpretaciones constitucionales o algo parecido, la voluntad institucional de unos pocos tiene mayor jerarquía que la del grueso de la población.

El bien que se protege en una democracia es la voluntad ciudadana. A simple vista parece obvio, pero para quienes legislan no es así. La paridad de género en el cuerpo legislativo da lugar a que lo que decidió el congreso se imponga a la voluntad de las y los votantes. Si por fuerza el voto debe dar un resultado de paridad entonces el voto no es libre; si al votar por una mujer o un hombre el voto se pierde porque rompe con la paridad, entonces no hay certeza de adónde finalmente va a parar el voto, rompiendo de esta manera con principios electorales. Sin embargo, el poder judicial lo aceptó.

Cuando en el 2014, en el llamado “Acuerdo por México”, el Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral y atrae obligaciones y derechos que antes eran de los Estados federativos, la república federativa entró en cuestión; sin embargo, el poder judicial no acudió al artículo 40 constitucional, en defensa de la federación.

La justificación oficial fue homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral, aunque el argumento de fondo fue que los gobernadores controlaban a las OPLES, lo que significa que para quienes legislaron este cambio (PRI, PAN, MC, PRD, PV Ecologista) el centro es moralmente superior a la provincia y no consideraron que los gobernadores irían cambiando con diferentes conductas y partidos.

 Un principio básico de toda democracia es la igualdad jurídica, y un principio básico del federalismo es el derecho de las entidades federativas de ejercer su identidad, pero hay quienes no piensan de esta manera interiormente y lo expresan veladamente en leyes, decretos y reglamentos que tutelan al ciudadano porque a su entender no tienen capacidad en sus decisiones.

Podemos cuestionar el federalismo y hasta la misma Constitución (¿por qué no? Si somos un país laico, entonces nuestra carta magna no es la Biblia) pero no vivir en un ambiente tan contradictorio.

Los pueblos no necesitan fabricar zapatos para entender cuáles son los que les quedan y el instrumento de la democracia es la elocuencia, abrir el debate sobre estos temas hubiera sido más digno que hacer leyes que no representan la voluntad ciudadana, más bien la sustituyen.

Los partidos políticos son entidades cuya labor es aspirar al gobierno a través de sus coincidencias con los electores, entidades que como su nombre lo indica son parte de la ciudadanía que expresan una propuesta política. Es decir, sugieren cómo debemos vivir colectivamente y en función de la aceptación que tiene su oferta gobernar.

Pero si la política se convierte en un deporte en donde gana o se mantiene en el sistema en función de votos, hayan sido como hayan sido, entonces la política y la democracia se van desvirtuando.

Estamos pasando por un momento de conflictos entre poderes de la unión y algunos poderes aparentemente autónomos. Desde luego que la Constitución debe poner límites a poderes desbordados, pero hay ciertos manejos legales que permiten la discrecionalidad en estos asuntos.

Enfada a sectores de la sociedad que se prolongue la periodicidad de un magistrado en sus funciones, pero no les enojó cuando aumentó el tiempo de la presidencia en el Consejo del INE.

Cuando en el año 2014 el Instituto Federal electoral se volvió nacional no hubo de parte de quienes ahora se enojan, la misma respuesta por las injerencias del centro en las entidades federativas, cuando los partidos políticos fueron obligados a postular hombres y mujeres en la misma cantidad y hasta se revisaron los distritos electorales y las listas plurinominales en donde debían colocarse los géneros.

Y además se obligó a postular una cantidad de jóvenes y de indígenas. No observaron que eso era violentar la vida interna de los partidos políticos, los exentaba de la obligación de proponer sus mejores elementos y generaba una situación ficticia en los órganos de gobierno.

Nuestra constitución nació en un ambiente revolucionario y por lo tanto con un sentido social; sin embargo, en el periodo neoliberal se afectó en función de intereses privados, ahora es el momento de hacer una revisión exhausta de sus principios y ver conjuntamente que ratificamos y que rectificamos para pasar hacer más que la Cuarta Transformación una nueva República.

Desde luego que impulsando condiciones paritarias de género, pero sin forzar la voluntad de afiliados a partidos así como del electorado y considerando que las mujeres son mayoría, una Constitución que tenga presente la cosmología de los pueblos originales, sin simular que están en los partidos políticos, considerando la temática de la juventud, sin hacer de esto ni un mérito ni un desprestigio, devolviéndole a los estados su soberanía electoral en el marco del federalismo, buscando los equilibrios necesarios, en el entendimiento de que lo demás llegará por añadidura.     

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