Enrique Escobedo
La corrupción a la que me refiero en este artículo es acerca a las violaciones al Derecho Administrativo. De ahí que el Código Penal Federal la tipifica en: a) abuso de autoridad; b) concusión; c) cohecho; d) tráfico de influencias; e) peculado; enriquecimiento ilícito y, f) uso ilícito de atribuciones y facultades. Son seis formas mediante las cuales algunas personas servidoras públicas y gente de la sociedad establecen una relación de contubernio a fin de regirse por la regla “ganar-ganar” y enriquecerse con dinero de nuestros impuestos.
La corrupción, lo digo cuanto antes, existe en todos los países del mundo. Ninguno se salva y de ahí que, por ejemplo, en Suecia, Noruega o Dinamarca la persiguen y de hallar casos de corrupción proceden a ejercer el debido proceso y, en su caso, encarcelar al funcionario. La diferencia entre México y esos países es que allá la impunidad, en su caso, es mucho menor que acá. En otras palabras, el flagelo del abuso del poder es una realidad debido a la impunidad de la que goza la clase política mexicana, sobre todo porque esa prebenda del contubernio de jueces al no sentenciar a los violadores de la ley civil, administrativa o disciplinaria. En otras palabras, allá y acá hay corrupción, pero aquí el amiguismo predomina y allá no.
El pasado jueves 25 de septiembre el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, fue sentenciado a cinco años de prisión por corrupto al haber traficado influencias. En otras palabras, lo que no priva en el país galo es la impunidad. Se trata de una nación en la cual existe el imperio de la Ley y el Estado de Derecho.
La impunidad es tan grave como la corrupción y deben combatirse preventiva y correctivamente. Son azotes a la Administración pública de cualquier país y reconocer su existencia en la práctica debe ser una realidad y no una bandera electorera. Es decir, reconocer su existencia no es sinónimo de prevenirla y mucho menos de combatirla.
En nuestro país, desde la llegada de los españoles, el rey Carlos V estableció en estas tierras el Tribunal Mayor de Cuentas a fin de fiscalizar a Hernán Cortes, lo que significa que la idea de las auditorías y acciones de fiscalización tienen poco más de 450 años. Aún más, a partir de la administración del presidente Venustiano Carranza se han creado departamentos o secretarías de Estado con diferentes nombres, pero en esencia, son contralorías administrativas. Hoy se llama Anticorrupción y Buen Gobierno. Léase, la misma gata, pero revolcada.
Lo anterior significa que la corrupción existe en todos los países del mundo, pero el binomio corrupción-impunidad es otra realidad y que en países como el nuestro se ensancha y no está tipificada. Tal es el caso, por ejemplo, del “90% lealtad y 10% capacidad”. Es decir, la ineficacia, la ineficiencia, la improvisación y la falta de profesionalismo en México no son perseguidos. Peor aún, desde hace siete años se agravó, porque desde los gobiernos de la revolución siempre exigieron lealtad al partido, pero ahora el toque de distinción es que la lealtad es al caudillo y debe llevar dosis de culto y veneración, empezando por la señora Sheinbaum Pardo.
La lealtad al servicio público mediante un servicio profesional de carrera y la evaluación de resultados es lo que debe privar en la Administración pública mexicana. Pero lo que vemos es que hoy, hasta el personal de servicio de limpia viste de guinda. Léase, los colores del partido oficial. Pero eso aquí no es corrupción. Tristemente el viejo chiste de que México es el segundo país más corrupto del mundo porque dio una mordida a fin de quedar en el primer lugar sigue vigente.
