• El Magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez solicitó al Congreso local, la aprobación de un presupuesto de 14 mil 110.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal-2022, a fin de cubrir rezagos económicos y financieros 
  • Comentó que, con base a las plataformas de digitalización, prácticamente se puede presumir que ha ido disminuyendo actos de corrupción que se daban de “mano en mano”
  • Los Grupos Parlamentarios del recinto de Donceles y Allende, están dispuesto en reforzar la política presupuestaria de la Casa de Justicia de la capital de la República

Blas A. Buendía*

A pesar de la crisis que vive no solo la capital del país, sino los 32 estados de la federación, y aunado al colapso que ha sufrido el desarrollo de México debido a la emergencia sanitaria generada por el SARS-COV2, los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, reconocieron la urgencia de rescatar al Poder Judicial local, ya que está arrastrando grandioso déficit presupuestario.

Lo anterior surgió en el marco de una mesa de trabajo virtual de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local con el titular del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, en el diseño del Paquete Económico 2022, donde el funcionario comentó que, con base a las plataformas de digitalización, prácticamente han ido disminuyendo actos de corrupción que se daban de “mano en mano”.

Los legisladores coincidieron que, pese a la austeridad republicana, harán todo esfuerzo por aprobar un decoroso presupuesto, toda vez que el propio Magistrado presidente, comentó que diversos proveedores de servicios, legítimamente han promovido demandas en contra de la misma casa de justicia, “juicios que deberán ser atendidos debidamente en nuestra propia casa”, admitió.

En su intervención, el Doctor Rafael Guerra destacó que, en 2021, el Tribunal Superior de Justicia contó con un presupuesto de 5 mil 910.5 millones de pesos, de los cuales el 81 por ciento se utilizó en servicios personales, y el resto para la operación mínima indispensable de 22 inmuebles, en los que laboran 10 mil 863 trabajadores.

Aseguró que año con año, el presupuesto del TSJ ha tenido un déficit de origen, y que, desde el 2018, el presupuesto asignado es básicamente el mismo, sin incrementos, por lo que actualmente hay un déficit real de mil 833.6 millones de pesos.

Guerra Álvarez destacó que en 2021 se implementaron cinco juzgados de tutela de derechos humanos, y que para 2022 se proyectó la creación de otros tres, en cumplimiento a lo mandatado por la Constitución de la Ciudad de México.

En esta mesa de trabajo, el titular del TSJCDMX, reiteró su solicitud para el próximo año 2022, un presupuesto de 14 mil 110.5 millones de pesos, a fin de cubrir el déficit presupuestal antes mencionado.

Las y los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local coincidieron en la necesidad de avanzar en los procesos para la impartición de justicia digital desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Durante la comparecencia que tuvo duración de dos horas 31 minutos, con la inasistencia del representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Magistrado presidente Guerra, tocó un tema fundamental que es la infraestructura del Poder Judicial

Destacó que, según estadísticas, se ha contabilizado la presencia de una población flotante semanal que asciende a 226 mil 699 usuarios, tan solo en la Torre de Plaza Juárez, donde se encuentran los juzgados en materia Familiar.

Explicó que son más de 20 mil visitas-persona, creándose por igual, notables cargas de trabajo, proyectándose que, al personal, así como en otras áreas del tribunal, se les otorgue un bono de riesgos, conforme al presupuesto que el Congreso pudiera aprobar.

El Jurisconsulto reveló que algunos edificios como las “Torres Gemelas” de Niños Héroes 132, donde se hallan los juzgados en materia Civil, en breve, serán cerrados al público ya que ingenieros altamente capacitados revisarán la infraestructura de los inmuebles por su existencia por más de medio siglo de funcionalidad. Mencionó que serán reforzados para evitar que en el futuro pudieran ser colapsadas por cualquier incidente sísmico.

Para dar respuesta inmediata, el Poder Judicial de la ciudad, habilitará áreas alternas donde abogados litigantes seguirán promoviendo sus juicios civiles, hasta en tanto concluya la remodelación de dichos edificios.

Valoró, asimismo, la descentralización de los juicios de lo Familiar en las 16 alcaldías de la ciudad capital, lo que significa que haya juicios encausados de divorcio, con sentencia firme en menos de 15 días.

Posiciones parlamentarias

En la mesa de trabajo virtual, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la comisión e integrante del grupo parlamentario de MORENA, expresó que toda la información vertida en esta reunión se considerará para el análisis y la elaboración del paquete económico 2022.

La diputada Daniela Álvarez Camacho, de la asociación parlamentaria Ciudadana, reconoció que el poder judicial no detuvo su funcionamiento durante la pandemia e implementó alternativas de justicia digital. Asimismo, requirió dotar de condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en los inmuebles del TSJ

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos Hernández destacó la labor del personal encargado de la administración de justicia durante la pandemia, y cuestionó sobre los avances en la digitalización de sus expedientes; mientras la diputada Xóchitl Bravo Espinosa pidió acciones para garantizar los derechos de las mujeres.

El diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, ofreció el apoyo de esta agrupación para resolver el problema del déficit presupuestal que se arrastra desde hace varios años en la institución, y avanzar en materia de la tutela de los derechos humanos.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del PRD, aseguró que es necesario incrementar los recursos del poder judicial para alcanzar las metas de la justicia digital, y la justicia pronta y expedita.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD), reconoció los esfuerzos realizados para la instalación de la Sala Constitucional y los juzgados de tutela.

La diputada Mónica Fernández César, del grupo parlamentario del PRI, resaltó los más de 60 proyectos planteados por el TSJ para mejorar la impartición de justicia en la capital, y su preocupación por la situación deficitaria que se tiene actualmente.

El diputado Aníbal Cáñez Morales, del grupo parlamentario del PAN, coincidió en la necesidad de incrementar el presupuesto de esta instancia; y el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) resaltó el incremento de la carga laboral durante la emergencia sanitaria e insistió en la necesidad de fortalecer el presupuesto y la impartición de justicia mediante el esquema digital.

El diputado Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA, expresó que la emergencia sanitaria evidenció la necesidad de adelantar en la impartición de la justicia digital. «El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México debe hacer eco y replicar los avances logrados a nivel federal, trabajando a favor de la ciudadanía y una justicia no sólo más pronta y expedita, sino con un sentido más humanista, empático y con perspectiva de género».

El diputado Fernando Mercado Guaida (MORENA), finalmente, requirió mayor información sobre el déficit presupuestario del Tribunal Superior de Justicia, así como del proceso de digitalización que se inició y los recursos necesarios para concluirlo.

Reportero Free Lance *

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