Gabriela Lazcano
México tiene una memoria muy larga cuando hablamos de presos políticos. Y también una memoria muy corta cuando al poder le conviene.
Ahí están Madero, José Revueltas, Heberto Castillo, Valentín Campa y tantos otros. Hombres que en distintos momentos terminaron en una cárcel porque resultaban incómodos para el gobierno en turno. No todos fueron perseguidos por las mismas razones ni en las mismas circunstancias, pero hay algo que los une: el poder utilizó la fuerza del Estado contra personas que representaban un problema político.
Por eso no puedo dejar de preguntarme qué está pasando hoy con Ernesto Ruffo Appel.
Ruffo está en el penal del Altiplano. Un hombre de 74 años, exgobernador de Baja California, el primer gobernador de oposición que tuvo México después de décadas de gobiernos priistas, está preso y vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y delincuencia organizada.
Aclaro algo desde el principio: si Ruffo es culpable, que pague. Punto.
Nadie está pidiendo impunidad para él.
Lo que estamos preguntando es otra cosa: ¿por qué la justicia parece tener una vara para unos y otra para otros?
Porque mientras vemos a Ruffo encerrado en una prisión de máxima seguridad, como si estuviéramos hablando de un asesino peligroso, llevamos meses escuchando nombres relacionados con el huachicol fiscal, con negocios millonarios, con aduanas, con combustible y con personajes muy cercanos al poder.
Y yo aquí es donde ya no entiendo nada.
¿Dónde están las investigaciones que deberían llegar hasta las últimas consecuencias?
¿Por qué cuando se habla de personajes incómodos aparecen expedientes, cateos, órdenes de aprehensión y prisión preventiva, pero cuando aparecen nombres cercanos al poder todo se vuelve más lento, más confuso y, de pronto, parece que nadie sabe nada?
El nombre de Adán Augusto López ha sido mencionado públicamente en relación con investigaciones y señalamientos sobre huachicol fiscal. Él ha negado cualquier vínculo con ese delito.
También está el caso de Andrés Manuel López Beltrán y las personas de su círculo que han sido señaladas en investigaciones periodísticas y denuncias relacionadas con este tema.
Y sí: una cosa es una investigación periodística, otra un señalamiento político y otra muy distinta una prueba presentada ante un juez.
Precisamente por eso queremos saber.
¿Se investigó? ¿Se investigó de verdad? ¿Se llegó hasta el final?
Porque si existen llamadas, documentos, movimientos financieros, testimonios o cualquier otra evidencia obtenida legalmente, que se investigue. Y si esa evidencia demuestra que alguien cometió un delito, que vaya a juicio.
Pero que sea parejo.
Eso es lo que resulta tan difícil de entender.
No podemos construir un país donde la justicia sea implacable con unos y extraordinariamente prudente con otros.
Porque entonces deja de ser justicia.
Se convierte en política.
Y ahí es donde la historia de México debería servirnos para algo.
No hace falta estar de acuerdo con Ernesto Ruffo. No hace falta simpatizar con el PAN. No hace falta siquiera pensar que Ruffo es inocente.
Lo único que hace falta es creer en algo muy sencillo: nadie debe ser declarado culpable antes de que termine un juicio y nadie debe estar por encima de la ley.
Pero tampoco debería existir una justicia que parezca recordar la ley solamente cuando se trata de los enemigos políticos.
Porque si Ruffo es el responsable de una gigantesca red de huachicol, que se demuestre. Que se presenten las pruebas. Que se dicte una sentencia.
Y si hay otros responsables, estén donde estén y pertenezcan al partido que pertenezcan, que también sean investigados.
Eso sería justicia.
Lo demás es otra cosa.
Y entonces vuelvo a la pregunta que me parece inevitable:
¿Qué clase de política y qué clase de justicia estamos construyendo en México cuando unos terminan en el Altiplano y otros, aunque sus nombres aparezcan una y otra vez en investigaciones y señalamientos, siguen tranquilamente sentados en sus curules, en sus oficinas o disfrutando del poder?
No quiero que Ernesto Ruffo tenga un trato especial.
Quiero que nadie lo tenga.
Porque la justicia que solamente funciona contra los adversarios no es justicia.
Es poder.
Y México ya ha pagado demasiado caro cuando el poder decide quién es culpable antes de que lo decida un juez.
¿O no aprendimos nada?
