Gabriela Lazcano
Hace unos días comencé a ver una serie que me recomendaron: Sobreviviendo a
Escobar, la historia de John Jairo Velásquez, “Popeye”, uno de los hombres más
cercanos a Pablo Escobar.
Como suele ocurrir cuando vemos historias de otros países, pensé que estaba
asomándome a una tragedia ajena. A una época particularmente oscura de Colombia. A
un tiempo en el que el narcotráfico había logrado penetrar niveles inimaginables de la
vida política.
Pero conforme avanzaban los capítulos, comencé a sentir algo profundamente incómodo.
Las grabaciones. El dinero. Las campañas políticas. Los personajes cercanos al poder.
Los señalamientos. Las investigaciones.
Y, inevitablemente, pensé en México.
No. México no es la Colombia de Pablo Escobar. Sería simplista y hasta irresponsable
pretenderlo. Colombia tuvo un hombre cuyo poder y violencia marcaron una época.
México tiene algo distinto y quizá, por eso mismo, más difícil de combatir: no hay un solo
Escobar, ni un solo cártel, ni una sola estructura criminal.
Hay demasiadas.
Pero hay una similitud que me resulta imposible ignorar: el momento en que el crimen
deja de ser solamente un asunto de policías y delincuentes y comienza a acercarse
peligrosamente a las puertas del poder.
Y entonces pienso en México y en el huachicol fiscal, por tomar un solo caso .
Aquí ya no estamos hablando de una serie, de rumores en redes sociales ni de
especulaciones de café.
Hay investigaciones oficiales. Hay aseguramientos. Hay detenidos y procesos. Hay
evidencia de una red de contrabando de combustible que las propias autoridades han
reconocido y perseguido.
Es decir: el problema existe. La investigación existe. Y existen pruebas y elementos que
obligan a seguir investigando.
Y entonces llegamos al verdadero punto de esta columna.
Porque investigar mientras las pruebas conducen hacia abajo es relativamente sencillo.
Detener operadores, intermediarios, funcionarios menores o responsables materiales
puede ser importante y necesario.
Pero ¿qué ocurre cuando el camino comienza a subir?
¿Qué pasa cuando las investigaciones se acercan a las oficinas donde se toman las
decisiones?
Ahí es donde empieza la verdadera prueba para un Estado de derecho.
No quiero otra conferencia de prensa. No quiero escuchar que los de antes fueron
peores. No quiero que unos políticos acusen a otros mientras todos descubren la
indignación únicamente cuando el señalado pertenece al partido contrario.
Quiero saber algo mucho más elemental.
¿Hasta dónde están dispuestas las autoridades a seguir las pruebas?
Hace unos años, Ciro Gómez Leyva sobrevivió a un intento de asesinato. No sobrevivió
porque alguien hubiera llegado a protegerlo a tiempo. Sobrevivió porque la camioneta en
la que viajaba estaba blindada. Hubo investigación, detenciones y condenas. Eso también
hay que decirlo. Pero que un periodista tenga que depender del blindaje de su vehículo
para sobrevivir a un ataque dice demasiado sobre el país en el que vivimos.
Y no, no estoy diciendo que México sea Colombia ni que estemos viviendo la historia de
Pablo Escobar. Las comparaciones fáciles casi siempre terminan siendo falsas.
Lo que sí pregunto es otra cosa.
Cuando un país acumula investigaciones, señalamientos y evidencias sobre redes
criminales capaces de mover fortunas y penetrar estructuras públicas, la obligación de las
instituciones no es administrar la indignación.
Es investigar.
No hasta donde resulte cómodo.
No hasta donde sea políticamente conveniente.
Hasta donde conduzcan los hechos.
Porque de eso depende algo mucho más importante que la reputación de un gobierno o la
carrera de un político: depende la certeza de los ciudadanos de que la ley no se detiene
frente a una puerta determinada.
Por eso, después de ver aquella historia de Colombia y volver inevitablemente la mirada
hacia México, ésta es la única pregunta que hoy quiero hacerles a nuestras autoridades: ¿Van a llegar hasta donde conduzcan las pruebas, aunque las pruebas conduzcan al poder ?
