Por Rubén D. Arvizu
El pasado jueves 12 de este mes, el ocupante de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que, de facto, pone fin a las disposiciones clave de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA).
De este modo, se eliminan los límites de emisiones de carbono, las normas de calidad del aire y del agua, las protecciones contra productos químicos tóxicos, las restricciones a la minería y la perforación en tierras federales y todo lo que quedaba de las leyes de Aire y Agua Limpios en su forma más efectiva.
La excusa oficial es la «desregulación para la competitividad económica». El objetivo real es hacer un regalo multimillonario a las industrias de los combustibles fósiles, la química y la minería, que financiaron la segunda campaña de Trump.
Mientras el país se desmorona —olas de calor que causan muertes, incendios que arrasan comunidades, grandes tormentas con nevadas y heladas a temperaturas frígidas que dejan sin energía y agua potable a millones de personas, inundaciones que destruyen hogares y contaminación de ríos y acuíferos—, se desvía una vez más la atención pública hacia los archivos Epstein.
Estos expedientes siguen sacando a la luz nombres, conexiones y niveles de impunidad que aterrorizan y constituyen el verdadero talón de Aquiles de este gobierno corrupto. Si se investigan a fondo y sin más confabulaciones, podríamos ver la caída política de muchos de los que hoy están en el poder, por eso el golpe a la EPA no es casual.
Se trata de otra maniobra de distracción masiva: soltar una bomba medioambiental que genera indignación legítima, pero que, al mismo tiempo, acapara titulares, debates y energía ciudadana, de modo que los archivos Epstein quedan relegados a un segundo o tercer plano y los nombres de los poderosos que aparecen en ellos pueden respirar aliviados. No es una coincidencia, es una estrategia maquiavélica.
