Existe la sensación (muy cercana a lo que ofrece la realidad) de que los crímenes en México sólo se siguen incrementando y reproduciendo, puesto que no hay quien los castigue o, al menos, los frene.
De alguna manera todos nos hemos sentido tocados por ese miedo que provoca la escalada de la inseguridad y de violencia generada por diversos grupos a lo largo y ancho del país. Que la violencia se manifieste de diferentes formas se debe en gran medida a la impunidad y a la complicidad con que se cometen los delitos pequeños o grandes.
La semana pasada inició con una noticia devastadora entre tantas que nos han lastimado. Se trata del caso de los hermanos González Moreno (Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto) en Guadalajara, Jalisco.
Es preciso el contexto: los tres jóvenes (de 24, 32 y 29 años, respectivamente) fueron secuestrados el viernes y encontrados muertos el domingo. Nada de esto es normal, por supuesto. Menos aún lo es aquello que se ha informado al respecto: los hermanos estaban en su casa cuando un comando armado entró por ellos y se los llevó.
Pero ni la indignación ni la preocupación acaban ahí. Los hermanos fueron localizados sin vida a unos cuantos kilómetros de su hogar y fueron reconocidos después por sus familiares. Junto a los cuerpos, había una manta con una amenaza dirigida al gobierno de Jalisco por la supuesta incorporación de civiles a investigaciones judiciales.
La situación no podía ser más extraña y, por supuesto, peligrosa: se maneja la hipótesis de que ellos no eran el exacto objetivo de los criminales y que su asesinato se trató de una confusión (se dice que a la misma hora hubo otro ataque contra una escolta relacionada con la FGR).
Es decir, si con los años la sensación de inseguridad es algo que se ha ido agudizando, no ayuda en nada saber que podemos ser blancos de ataques del narco por cualquier razón: edad, género, lugar de residencia u ocupación como ocurrió con Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto, jóvenes hermanos estudiosos, talentosos y emprendedores.
Idealmente, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y brindarles protección. Si no lo hace, es que está fallando gravemente.
Recurro a las palabras de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, en un contexto en el que las máximas autoridades del país han decidido ignorar a las víctimas, y mandarlas “al carajo”: qué difícil y doloroso es este miedo creciente que se vive en México; aún más es admitirlo.
