• ¿Tendrá dinero para buscar alternativas al herbicida?: González Cepeda
  • Sin ese producto, puede bajar la producción de alimentos en México

Juan García Heredia

Existen dudas sobre la capacidad técnica, operativa y presupuestal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para encontrar sustitutos del herbicida glifosato en México, cuyo reemplazo gradual decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría disminuir la producción de alimentos en el país hasta en 40 por ciento, según informes del sector agroquímico.

Cabe señalar, que el 31 de diciembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial, el cual entre otras cosas menciona que a partir de su entrada en vigor (el 1 de enero de 2021) y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato.

El decreto puntualiza que el CONACYT “coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Recursos Naturales, alternativas al glifosato”, indicó la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFA), la cual dejó ver su desacuerdo con esta disposición.

Y es que, en base al presidente de la UMFFA, Luis Eduardo González Cepeda, la nación tiene al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), los cuales son organismos especializados en el sector agropecuario y deberían de ser los responsables de las investigaciones para encontrar una alternativa al glifosato.

“Parece claro que hay funcionarios en diferentes áreas del gobierno federal que prefirieron encomendar al Conacyt la responsabilidad de encontrar alternativas al glifosato, quizás porque el INIFAP, una institución con reconocimiento internacional, ha reconocido que no hay, hasta ahora, alternativas al glifosato, y que no han encontrado evidencia sobre su impacto en la salud y medio ambiente”, subrayó.

La UMFFA también manifestó su preocupación de que el CONACYT sea la dependencia responsable de emitir “recomendaciones anuales a las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación”, como lo establece dicho decreto.

González Cepeda preguntó: “¿Cómo y con qué recursos podrá el CONACYT encabezar investigaciones para encontrar alternativas al glifosato, tema que países de Europa llevan décadas investigando y donde tan solo la empresa Bayer invertirá más de 5 mil 600 millones de dólares en el período 2019-2029?

Más aún, ¿con qué personal e infraestructura podrá el CONACYT hacer recomendaciones sobre el uso de cantidades de glifosato cuando no tiene la capacidad técnica, ni operativa para hacerlo? y, en todo caso, ¿por qué responsabilizar a un organismo como el CONACYT de todas estas acciones si ya cuenta con instituciones especializadas en materia agropecuaria, como el INIFAP y el SENASICA?”, cuestionó Luis Eduardo González Cepeda.

Dijo que si el eslogan de los opositores al glifosato es Sin maíz, no hay país, “parece que no entienden, o no quieren aceptar, que sin glifosato, puede no haber maíz suficiente para una nación de casi 130 millones de habitantes y que tendrá que importar para este año casi 18 millones de toneladas de ese grano básico al año”.

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